A dos años de uno de los casos más grandes de tráfico de vida silvestre en Bolivia, aún se pelea la custodia de las partes de jaguar y de otras especies que fueron confiscadas a los traficantes Li Ming y Yin Lan. Y una nueva lucha legal continúa, esta vez, por la custodia de las piezas.
Por Navel Arroyo Solar
El 29 de noviembre se conmemora el día internacional del Jaguar, mismo mes donde hace dos años se dictó la sentencia del caso más emblemático de tráfico de vida silvestre en Bolivia, el juicio por los colmillos de Jaguar. Sin embargo, en la sentencia no quedó claro en manos de quién quedan todos los colmillos, garras, pieles de jaguar y de otros animales silvestres, que fueron incautadas aquella vez.
Sobre estas piezas, la sentencia dictada por el Juez Juan Coronado del Juzgado 9° de Sentencia refiere: ‘’Se ordena la confiscación de los objetos secuestrados, debiendo la suma de dinero secuestrada depositarse en depósitos judiciales. Con costas contra la partes acusadas que serán tasadas y reguladas en ejecución de sentencia’’.
En tres diferentes oportunidades, la Gobernación de Santa Cruz solicitó al juez Juan Coronado, que las piezas incautadas sean entregadas al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Y a principios de 2020, según una publicación del diario El Deber, él prometió entregarlas a dicha institución tras 14 meses de reclamos.
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Por su parte, el Museo Noel Kempff envió dos cartas de solicitud al Juzgado, dirigidas al juez Coronado. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha entregado el material, ni se ha obtenido una comunicación formal con la decisión de no hacerlo.
“El juez dijo que el Órgano Judicial debía tener la custodia de las piezas”, indicó Damián Rumiz, investigador asociado al Museo que participó como perito en el reconocimiento de las partes de fauna silvestre decomisadas en el juicio.
Una nueva lucha legal inicia
La Red Ambiental de Información se comunicó con el juez Coronado, para preguntarle por qué no se ha dado respuesta aún a las solicitudes del Museo y este respondió que el caso estaba resuelto, y que ”todo está en la sentencia y las resoluciones emitidas”. Dado que el juez sostuvo que será el juzgado quien se quedará con la custodia, en octubre de este año, la Gobernación presentó una apelación incidental que se encuentra en la Sala Penal Primera.
Según Fabrizio Ortiz, abogado de la Gobernación, el juez ‘’pudo determinar en la sentencia que se destruyeran las piezas confiscadas o que pasen a la custodia del órgano judicial, para que este los derive a un ente que tenga la competencia, porque su función es de administrar la justicia no de cuidar las piezas.’’
Pero las respuestas del juez no convencen a Ortiz. “Nos la ha vuelteado diciendo que el museo no es una institución pública, segundo que los colmillos se tienen que quedar en con el órgano judicial”, expresó el jurista.
Todo parece indicar que la custodia de las piezas se ha convertido en una nueva lucha que no tiene fecha de cierre, pues el miércoles 11 de noviembre Ortiz dijo: “Hoy fui al palacio para ver en qué estaba y me han dicho que se perdió el cuaderno, y entonces queda a esperar a que aparezca… en caso de que no aparezca hay que reponer el expediente”.
La RAI intentó obtener mayor información por parte del Juez Coronado, pero este indicó que se encontraba con baja médica y no brindó mayores detalles a nuestras solicitudes.
El valor científico y educativo de las piezas
“La importancia de que las piezas se alojen en el museo, radica en su valor científico y educativo, que podría ser objeto de análisis posterior para estimar la variabilidad genética de las poblaciones cazadas, y servir en parte, para exhibición al público o para entrenamiento de funcionarios gubernamentales en la lucha contra el tráfico de fauna”, detalló Marisol Toledo, directora del Museo Noel Kempff, en una de las cartas de solicitud de las piezas decomisadas,
El Gobierno Departamental de Santa Cruz indica que en el lugar del allanamiento se incautaron “80 colmillos de jaguar, 96 de puma, ocho de ocelote y uno de taitetú. Además de dos pieles y dos garras de jaguar, y una de pejichi; dos colas de víbora cascabel, un saco confeccionado con la piel de 12 ocelotes, tres cornamentas de ciervo de pantano, 11 estatuillas de marfil de elefante y un arma de fuego, que habrían afectado a 81 animales (74 felinos), de siete especies nativas”.
Por otra parte, en el mercado negro en Bolivia, estas partes son bastante codiciadas. Por ejemplo, un colmillo de jaguar tiene un precio aproximado de 150 dólares, monto que se evidenció pagaban ciudadanos chinos a pobladores en distintos lugares del departamento de Beni, de acuerdo con la investigación ‘’Un viaje al Mercado Negro del Jaguar’’, elaborada por la RAI, en alianza con otros medios. Entonces solo los colmillos de jaguar decomisados tendrían un valor estimado en unos 12.000 dólares americanos.
Entre operativos, procesos y obtención de justicia
Desde 2014 fueron incautados unos 760 colmillos en Bolivia. Solo en el servicio Postal Boliviano, Ecobol, se encontraron 300 de estos en dieciséis paquetes con destino a Asia. Por lo que investigadores calcularon que al menos doscientos jaguares fueron asesinados, según la Operación Jaguar, un proyecto desarrollado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con sede en los Países Bajos junto con la organización Savia en Bolivia.
Hasta la fecha, de acuerdo a la Dirección General de Biodiversidad (DGBAP) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, autoridades investigaron y procesaron a 21 traficantes, de los cuales solo cinco han obtenido sentencias condenatorias.
Sobre el primer caso con sentencia, después de 9 meses de investigación y juicio (febrero a noviembre de 2018), entre las suspensiones de audiencias y protestas de activistas, finalmente se logró que los dos ciudadanos chinos fueron declarados culpables por el delito medio ambiental establecido en el Art. 111 de la Ley de Medio Ambiente y el artículo 223 del Código Penal, que determina una sanción de hasta seis años de privación de libertad para las personas deterioren o destruyan bienes del Estado y la riqueza nacional.
En lo que respecta a Li Ming, este fue sentenciado a cuatro años de cárcel mientras que la ciudadana Yin Lan a solo tres años. Sin embargo, Li Ming, fue beneficiado a cumplir su pena con medidas sustitutivas. Fue entonces que la Gobernación apeló a esta decisión argumentando que ni siquiera se cumplían con las disposiciones de las medidas sustitutivas, desde allí en más de diez audiencias, el ciudadano no se presentó y finalmente fue declarado en rebeldía, y se encuentra prófugo de la justicia desde julio de 2019.
Vida silvestre y ecosistemas, los más vulnerables
No sólo el jaguar, sino una gran cantidad de especies silvestres, están amenazadas con la extinción por el tráfico ilegal, un crimen a escala mundial, que según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, mueve más de 20.000 millones de dólares al año, convirtiéndola en la cuarta actividad ilegal más lucrativa (sólo por debajo del tráfico ilegal de drogas, de armas y de seres humanos).
Los depredadores son de fundamental importancia para la conservación de los ecosistemas. Este año, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) anunció la Estrategia de Conservación de Jaguar que establece una red continental de 15 paisajes prioritarios en 14 países de América, que incluye a Bolivia para garantizar la recuperación del felino, el mayor del continente y el tercero en el mundo, después del tigre y el león.
Paralelo a ello, el mes pasado el ministerio de Medio Ambiente publicó el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar, en donde este felino se encuentra catalogado como vulnerable por el libro Rojo de la Fauna Silvestre de Bolivia.
Imagen principal: parte de los colmillos de jaguar que fueron decomisados a Li Ming y Yin Lan. Créditos: Damián Rumiz
