Por Eduardo Franco Berton
Era el 12 de febrero de 2021, y los conservacionistas bolivianos celebraban con gozo la creación del área protegida municipal del Bajo Paraguá, la nueva reserva de 983.006 hectáreas del municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, que fue creada con el fin de proteger el bosque Chiquitano y el de la Amazonía.
La noticia cruzó fronteras, y fue también celebrada por el actor hollywoodense y activista ambiental, Leonardo Di Caprio, quien escribió así en su cuenta de Instagram: “Esta es una noticia alentadora para la riqueza de vida silvestre que sustentan estas áreas, y también para los grupos indígenas Chiquitano y Guarasug’we que viven dentro de las áreas y dependen de los bosques para su sustento.’’
Pero tres días después, la felicidad de aquellos festejos sería opacada por una serie de denuncias de asentamientos humanos ilegales dentro de esta nueva área.
Y el espeso follaje de bosques acostumbrados únicamente a las voces de miles de insectos y aves, se vio interrumpido súbitamente por el ruido de tractores en operación. Y así estos verdes árboles fueron cayendo uno a uno sin piedad.
Mientras los vestigios de esos millares de troncos calcinados se iban consumiendo por la misma tierra que alguna vez albergó un bosque, a varios kilómetros de allí, un hombre se animó a darnos a conocer cómo estaban operando las mafias de traficantes de tierras que fueron señaladas como los responsables de esta masacre.
Chiquitania, una mercancía codiciada por traficantes de tierra
Tras varios días de espera, Miguel Ángel accedió a conversar con nosotros, con la condición de resguardar su verdadera identidad. La peligrosidad de sus enemigos lo hacían temer por su vida y la de su familia.
El día era cálido y hacía un poco de viento. Y Miguel Ángel se acomodó bajo la sombra de un árbol de mango alrededor de una laguna, desenfocamos la cámara, y comenzó con su testimonio: ‘’Realizan falsificación de documentos…y sin ningún miedo empiezan a expulsar a la gente. Y reclutan a otras familias para que reemplacen esos lugares.’’
Nuestro entrevistado, quien fue acusado de tráfico de tierras por los mismos traficantes que una vez lo habían estafado, y luego fue hallado inocente por la justicia boliviana, le reveló a Mongabay lo siguiente:
- Un grupo de campesinos, denominados como ‘’interculturales’’, le solicitan al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la dotación de tierras. Para ello, se organizan y generan una nómina de 20 a 30 personas. Y en un libro de actas incluyen los nombres de los solicitantes. Dentro de este grupo, se infiltran los traficantes de tierras, camuflados entre los dirigentes. Y proceden a falsificar documentos de identidad, para incluir también nombres falsos en esta nómina.
‘’Si han solicitado unos 20, no falta que unos dos o tres, siempre están actuando con mala fe, realizan falsificación de documentos y todo aquello.’’
- Los traficantes cobran a las personas de la nómina un valor de entre 20.000 a 30.000 bolivianos (2.873 a 4.310 dólares), para ofrecerles acceso y titulación de hasta 50 hectáreas de tierra.
Los cobros se basan en criterios como ser: a) la distancia en que se encuentre la tierra b) las mejoras que puedan existir (como la cantidad de tiempo y maquinaria invertido en la roza y quema del terreno) c) las condiciones mínimas existentes en el lugar (caminos cercanos u otras mejoras).
- Algunos de los traficantes, que ni siquiera viven en el lugar o cerca de este, van ofreciendo las tierras a personas de otros departamentos. En su mayoría, quienes llegan provienen de la región andina de Bolivia, como Cochabamba, Potosí y Oruro.
E incluso también, este negocio ilícito se financia desde el extranjero. Ya que Miguel Ángel habló sobre la existencia de un grupo de personas que se encuentra en Chile, y que ya han pagado al dirigente de una comunidad para acceder a tierras de esta manera.
- Una vez arriban al lugar, y antes de siquiera sentar una presencia permanente en el sitio, inician con la roza y quema de los árboles, y colocan letreros con el nombre de la comunidad.
Cuando los comunarios ya sientan presencia en la tierra, los traficantes comienzan a ejercer una serie de presiones y amenazas sobre ellos. Esto lo pueden hacer imponiendo normas para la producción de la tierra y distribución de ganancias. Algo que forma parte de una estrategia de desgaste, y cuyo fin es lograr el incumplimiento de dichas normas y su posterior expulsión de la comunidad.
‘’Sin ningún miedo empiezan a expulsar a la cantidad de gente…uno, dos, cinco o 10 personas, y luego ellos internamente reclutan a otras familias para que remplacen ese lugar. Entonces realizan otro cobro, ya por segunda vez.’’
- Pasados algunos años, los traficantes venden la tierra a empresarios o extranjeros, y empiezan a buscar tierras fiscales en otro sitio, para iniciar con el mismo modus operandi.
‘’Después comienzan a esquivar la ley y quedan impunes, porque la verdad es difícil que alguien se anime de frente a denunciarlos, ya que por seguridad nadie lo hace. De esa forma están manejando varias hectáreas en esta región (Chiquitania).’’
- Una de las debilidades institucionales que aprovechan los traficantes es la falta de inspecciones por parte de los técnicos del INRA, al momento de llevar a cabo la dotación de la tierra. ‘’Los técnicos (del INRA) deben bajar a las comunidades a realizar las inspecciones correspondientes, sin embargo, realizan el trabajo en gabinete y lo dotan con facilidad.’’
Una investigación de Sam Shanee, define el tráfico de tierras como ‘’la usurpación, la apropiación ilegal y el comercio de tierras’’, y hace referencia a la existencia de dos modalidades de tráfico. La primera se da cuando, grupos de campesinos llegan a una zona y comienzan a preparar la tierra (roza y quema) para su asentamiento y posterior venta. A continuación, el grupo solicita los servicios básicos a las autoridades locales (caminos, agua, escuelas, postas sanitarias, etc.).
Una segunda modalidad es la que está organizada por ‘’traficantes profesionales’’, quienes no tienen ninguna intención de asentarse o trabajar la tierra. Estos grupos buscan legitimarse operando en combinación con funcionarios corruptos. ‘’Los traficantes venden las tierras a grupos quienes más adelante trabajan la tierra, algunos para su venta rápida y otros para quedárselas.’’
Aunque el estudio de Shanee fue realizado en el noreste del Perú, en reiteradas visitas de campo, entrevistas y sobrevuelos, Mongabay pudo constatar que ambas modalidades están también ocurriendo en el Bajo Paraguá y otras zonas de la Chiquitania.
Asimismo, Shanee explica que el tráfico de tierras es una actividad ilícita que está estrechamente relacionada con la migración rural-rural y de la ciudad al campo, ‘’y puede ser vista como una actividad que organiza y facilita la migración.’’
A alguien a quien le preocupa esta migración es a Rony Roca, exconcejal del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, quien nos dijo: ‘’Hemos tenido un crecimiento del 60% desde el último censo 2011 hasta hoy. Nosotros teníamos 21.000 habitantes en San Ignacio de Velasco y hoy estamos pasando más de 80.000.’’
Roca, le explicó a Mongabay que antes este municipio tenía solamente 140 comunidades indígenas, y que ahora están arriba de las 350 comunidades interculturales y otras que han ido llegando.
‘’Entonces es una preocupación grande que se nos ha ocasionado, nos ha costado bastante atender a todas estas comunidades nuevas, vienen con resoluciones ministeriales, pero sin ninguna coordinación municipal.’’
Corrupción, el aliciente clave para el tráfico de tierras
Una publicación de la Fundación Tierra indica que el ‘’tráfico de tierras se intensificó desde el año 2011. El consorcio llamado ‘INRA paralelo’, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y ‘blanquear’ antecedentes jurídicos para entregar tierras de los bolivianos (tierras fiscales) al mejor postor.’’
La ONG, revela que entre las gestiones 2014 – 2019, el INRA firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en el departamento de Santa Cruz. Pero, muchos de estos territorios son “comunidades fantasmas”, que están en manos de traficantes de tierra.
En noviembre de 2020, esta Fundación denunció también que, durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, se dotaron irregularmente 33.480 hectáreas en el departamento de Santa Cruz a favor del exministro de economía, Branko Marinkovic. Y el 4 de agosto de 2021, durante el gobierno de Luis Arce, el INRA anunció la reversión de 26.000 de esas hectáreas, indicando que existía evidencia de que esas tierras no se titularon de manera legal.
Un análisis de la organización InSight Crime, dice que el comercio ilegal de títulos de propiedad de tierra en América Latina es posible a través de conexiones con funcionarios de gobierno, ‘’que pueden dar a los acuerdos ilícitos un barniz necesario de legitimidad.’’
‘’Este ha sido durante mucho tiempo el caso de Bolivia’’, indicó InSight Crime, haciendo referencia al arresto del exministro de Tierras Edwin Characayo, quien fue arrestado el pasado 14 de abril de 2021, cuando recibía un soborno de 20.000 dólares para favorecer a un sector con un proceso de saneamiento, titulación y entrega de tierras. Un monto de dinero que según la policía, era parte del adelanto de una coima por 380.000 dólares.
Para InSight Crime, una institución sin fines de lucro que investiga el crimen organizado, esta situación ‘’sacó a la luz como esquemas corruptos relacionados con el tráfico de tierras han plagado a los sucesivos gobiernos, independientemente de quién esté en el poder.’’
Chiquitano, el bosque que quiere seguir de pie
Oswaldo Maillard quien es responsable del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), le indicó a Mongabay que el patrón de deforestación que se observa en la zona del Bajo Paraguá es el de ‘’espina de pescado.’’ Un tipo de desmonte que consiste en la apertura de una brecha (o camino principal), para luego ingresar a desmontar el bosque en ambos lados.
Maillard, quien junto a sus colegas de la FCBC, está a cargo del monitoreo tanto remoto como de campo, sobre el estado de conservación, restauración y amenazas del Bosque Seco Chiquitano, nos dijo: ‘’luego aparecieron unos puntos donde había unas casitas de calaminas, para empezar ya a abrir (desmonte).’’
La pérdida de bosque a la que hace referencia el investigador ya lleva un aproximado de 150 hectáreas, que corresponden a ecosistema de Bosque Chiquitano. ‘’Uno dirá es relativamente bajo, pero ya están los indicios para meterse.’’
Pero los desmontes del Bajo Paraguá son tan solo la punta del iceberg. Y son el síntoma de una enfermedad mucho mayor. Y es que el municipio de San Ignacio de Velasco fue uno de los territorios que mayor cantidad de bosques perdió en Bolivia en el año 2020. Ya que ese año se desmontaron allí 47.197 hectáreas, en donde cerca de la mitad, se trató de desmontes ilegales.
Ese mismo año, Bolivia ocupó el tercer lugar a nivel mundial en deforestación. Superando por primera vez a Indonesia. Y a pesar de la pandemia, el país perdió 276.883 hectáreas de bosques, de acuerdo con datos de Global Forest Watch.
Herman Vaca Poñé, un ingeniero forestal que fue parte del proceso de creación del área protegida municipal Bajo Paraguá, nos dice que esta reserva es muy importante para la conectividad ecológica con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, uno de los parques mejor conservados en la cuenca del Amazonas, y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el año 2000.
Vaca Poñé también añadió: ‘’Todo lo que es Bajo Paraguá son las tierras destinadas para la producción forestal. Si usted cambia ese uso del suelo y hace agricultura, prácticamente cinco a seis años puede ser que produzca, pero luego comienza a bajar su rendimiento y el suelo se empieza a compactar.’’
Indígenas temen perder su cultura
En su reciente libro, ‘’A Perfect Storm in the Amazon Wilderness’’, el investigador Tim Killeen, explica que los indígenas son los defensores más férreos y eficaces de la conservación de la Amazonía porque la lucha por sus territorios es existencial. ‘’Si pierden su tierra, perderán su identidad y dejarán de existir como pueblo. Lo saben porque son los supervivientes de un holocausto.’’
Lo expresado por Killeen en su libro, lo reflejan las lágrimas que escurren por el rostro de Lorenza Poicheé, una mujer indígena chiquitana a quien le recorre la nostalgia por el cuerpo cuando habla del desbosque en San Ignacio de Velasco. ‘’A nosotros nos duele que a nuestros hijos ya no les podremos enseñar lo que nuestros padres nos enseñaron.’’
Otra ferviente defensora de su territorio es Arminda Gómez, quien pertenece a la Comunidad indígena de San José de Campamento, en las proximidades de Bajo Paraguá. ‘’Si nosotros no mantenemos nuestra cultura, nos la van a quitar, y si nosotros no hacemos un esfuerzo de mantenernos como cultura chiquitana, estamos fregados’’, le dijo a Mongabay.
Las voces de Lorenza y Arminda reflejadas en este reportaje, son solo algunas de las decenas de manifestaciones que se vienen dando por parte de indígenas, activistas, conservacionistas y autoridades los últimos seis meses. Ante el incremento de las amenazas que asedian al bosque seco tropical más extenso del mundo, el Bosque Seco Chiquitano.
Imagen principal: deforestación señalada a traficantes de tierra en la zona del Bajo Paraguá
Este reportaje fue elaborado con un apoyo de la Fundación Weeden y la National Endowment for Democracy (NED)
