- Las detonaciones de la exploración hidrocarburífera, afectaron profundamente a las comunidades indígenas Cavineñas, dejando secuelas en la tierra y en la vida cotidiana de sus pobladores.
- La construcción de una carretera internacional genera preocupación a los indígenas, que temen la invasión de su territorio y la proliferación de actividades ilegales, generando incertidumbre y desafíos para las comunidades indígenas.
- A pesar de los impactos sufridos, las comunidades Cavineñas siguen luchando por una compensación justa y el por el respeto a su territorio.
Por Malkya Tudela Canaviri
Los territorios indígenas del norte amazónico están viviendo los impactos de las grandes intervenciones estatales y privadas. Apenas terminó la exploración hidrocarburífera que atravesó varias tierras comunitarias, ahora se impone la construcción de una vía internacional que ha puesto en vilo a los habitantes de estos pueblos.
Todavía está en la memoria de los cavineños el ruido de las explosiones cerca de sus comunidades. “Era como nunca: escuchar ese sonido de la detonación. Había mucha susceptibilidad cuando decían que iban a reventar las dinamitas, la gente tenía temor de que algo vaya a pasar”, dice Marina Tabo, entonces dirigente de la organización de mujeres.
Las explosiones estaban previstas a una profundidad de 10 a 15 metros del suelo, con cargas de pentolita, a lo largo de 1.026 km en varios territorios indígenas, según los documentos de evaluación ambiental.
La TCO Cavineña se expande cerca de Riberalta, en una región tradicional de producción de castaña (Bertholletia excelsa) que recolectan las comunidades indígenas cada año en época de lluvias. Hasta ahí llegaron los funcionarios y técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para desarrollar actividades de exploración de hidrocarburos el año 2017 dentro del proyecto Exploratorio Integrado de Sísmica 2D Fase II, Área Río Beni-Faja Pericratónica.
En un documento de análisis, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) afirma que para el 2017 el 98,66% del territorio cavineño titulado era área de reserva hidrocarburífera; mientras que para el 2022 el área de reserva cubrió las 471.862 ha tituladas a favor de la Organización Indígena Cavineña (OICA).
Marina Tabo dice que “había mucho temor en las mujeres y en los niños, (por) ver los helicópteros a cada rato pasar por la comunidad”. Los documentos del proyecto describen la habilitación de 139 helipuertos dispersos en un área sobrepuesta a las TCO Cavineña, Multiétnico II, Takana-Kavineño y Cayubaba, además de jurisdicciones municipales de Pando, Beni y La Paz.
Aunque la TCO Cavineña tiene 26 comunidades, los pobladores de las comunidades California, Miraflores y Carnavales sufrieron directamente el impacto del proceso. El ruido de las detonaciones, la restricción de circulación, el miedo a los obreros y técnicos foráneos y la falta de información acerca de su futuro en el territorio mantuvieron en vilo a las comunidades.
Todo el proceso estaba previsto para desarrollarse en 256 días con un financiamiento de más de 35 millones de dólares.
“Ese lapso de la detonación ha sido triste para nosotros porque cambió nuestra vida de andar libres por aquí, por allá”, dice Marina Tabo. Su hermana, Liliana Tabo, de la comunidad California, recuerda: “Teníamos mucho miedo. Pensábamos que tal vez ya no íbamos a poder entrar al monte o que se nos iban a secar los arroyos, los animales se iban a ir más lejos, o también que nos hagan algo los mismos trabajadores”.
Las autoridades Cavineñas advirtieron a los pobladores que evitaran caminar por el monte debido a los cables tendidos para controlar las detonaciones, lo que limitó la actividad de caza y pesca para la dieta familiar.
A cinco años de esos sucesos, los comunarios todavía sienten sus impactos. Raúl Víctor Vaca Dumay comenta que las parcelas de producción de fruta, plátano, yuca y maíz por donde pasó la exploración sísmica fueron afectadas a tal punto que ahora son estériles.
“Esa parte está muerta. Ande teníamos el área de conservación, donde hacíamos los chacos para cultivar los alimentos para la comunidad, para la familia, ahora ya no se puede hacer nada”, dice Vaca Dumay, de la comunidad Brillante que tiene 22 familias. Según comenta, las líneas de exploración pasaron a 300 y 500 metros de distancia de la comunidad, afectando a las parcelas productivas.
“La tierra ha quedado, digamos, caliente. Ya no es como antes, húmeda”, dice Vaca Dumay. “Sí, ha afectado, por ejemplo, en la recolección de castañas, ya no están fruteando igual. Una planta que antes daba cinco cajas ahora dejará una caja”, calcula Marina Tabo, quien recuerda que donde hubo la exploración también quedaron cables, explosivos detonados y hoyos en el suelo.
Los documentos del impacto ambiental de YPFB preveían “daños a la vegetación y flora terrestre con la apertura de sendas, helipuertos y campamentos”, migración de la fauna terrestre por efecto del ruido y la posible “pérdida de toda una estación reproductiva” de aves. A pesar de ello, los documentos, a la vez, afirman que los impactos serían reversibles y recuperables.
A pesar del tiempo transcurrido, los pobladores de la zona opinan que la naturaleza no se ha recuperado del todo. “Antes de la sísmica recogíamos castañas (Bertholletia excelsa) bastante, pero hace 3 a 4 años ya no se está recolectando. Lo mismo pasó con el majo (Oenocarpus bataua). En cuanto a la caza, los animales se han ido lejos, se han desorientado”, dice Vaca Dumay.
Los comunarios piensan que las explosiones en medio del bosque pudieron haber afectado a la producción de esos árboles que suelen alcanzar los 30 metros de altura. “Al menos en mi comunidad tres líneas (sísmicas) se unieron. Estamos viendo ahora no hay carne para comer, la almendra no se da igual, muchos árboles se han volcado (caído), no sabemos si será por eso o por el cambio climático”, dice Marina Tabo.
Los comunarios no tuvieron mucho tiempo para informarse sobre las consecuencias de la actividad exploratoria. En el año 2016, la CIDOB convocó a las centrales indígenas a “participar de las actividades de consulta y participación” y “para que conozcan el proyecto (sísmico) a detalle y los beneficios que traerá para las comunidades indígenas en las TCO”.
Solo la TCO Cavineña organizó una reunión preliminar con todas sus comunidades. Liliana Tabo cuenta que sí hubo una consulta pública, aunque con un poco de problemas en un inicio. “Ellos (la empresa) no nos hacían conocer bien, así nomás se entraron, no hubo una socialización bien. No teníamos una información exacta, por eso teníamos miedo”.
La consulta no fue un proceso de información y reflexión, sino una actividad puntual. “De repente no se ha cumplido al 100%, pero se ha hecho (la consulta). La TCO aceptó porque no quedaba de otra, dicen las leyes que todo lo que está bajo suelo es propiedad del Estado…”, dice Marina Tabo.
Como compensación, dice Marina Tabo, “hemos pedido que nos den un proyecto para que quede algo… hemos optado por un proyecto ganadero; se han hecho tres módulos ganaderos en diferentes zonas, eso ya debía haber concluido y nos preguntamos por qué sigue atorado”.
En noviembre de 2014, el gobierno emitió en Decreto Supremo 2195 para reparar los daños a las comunidades afectadas. La norma establece que 1% del proyecto previsto sea el máximo porcentaje a compensar.
En mayo de 2021, YPFB emitió una nota de prensa informando que se destinarían 2,4 millones de bolivianos a compensar a las comunidades de las TCO afectadas por la exploración, mientras que se asignaban 1,7 millones a la TCO de la zona del Chaco por similar proceso. Para entonces la petrolera estatal cedió la posta a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que gestionó este presupuesto a través del Programa Alianzas Rurales II y el proyecto Empoderar.
En el caso cavineño, recibieron presupuesto para levantar corrales y potreros, insumos y servicios técnicos, pero no les entregaron el ganado. “La compensación misma no era mucha; el programa Empoderar ha puesto la misma cantidad, eso ha duplicado el monto. Con eso es que se han construido los tres módulos ganaderos, pero lo que no nos han entregado hasta ahora es el ganado para que eso funcione”, explicó Tabo Chipunavi.
El director ejecutivo del Centro de Estudios e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, explicó que desde el año 2007 se promulgaron normas para ampliar la frontera hidrocarburífera en territorios indígenas y áreas protegidas con el fin de promover la exploración y explotación en zonas no tradicionales.
Durante el primer semestre del 2022, comentó Vargas, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 4667 que amplía las áreas de reserva hidrocarburífera de YPFB a un número de 106 frente a las 21 que existían en el 2007. Esto sucede “en ausencia de salvaguardas para proteger el ambiente y garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de las mujeres y hombres de las comunidades indígenas que habitan territorios legalmente reconocidos o en proceso de titulación”.
A la publicación de este reportaje, tenían un hato de 50 cabezas para un módulo ganadero, aún estaban pendientes de dotación los otros dos, pero a la vez tenían otros problemas adicionales derivados de otra gran infraestructura que esta vez será permanente en su territorio: una carretera internacional.
Mientras tanto en la Asamblea Legislativa…
Las gestiones de la exploración de hidrocarburos y de la carretera internacional sucedieron casi simultáneamente. La Ley 718, del 6 de agosto de 2015, aprueba en su único artículo un “convenio (de) crédito preferencial” con el Banco de China de Exportaciones-Importaciones (EXIMBANK) por más de 492 millones de dólares para financiar la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta.
Como consecuencia del crédito chino, la construcción de 508 kilómetros del tramo Rurrenabaque-Santa Rosa-Australia-El Choro-Riberalta fue entregada a la empresa China Railway Construction Corporation International Limited. La carretera “servirá para el transporte de productos hacia países vecinos”, y en lo inmediato será para transportar mercadería producida en Brasil hasta puertos del Pacífico.
Las comunidades indígenas esperan una dinamización económica con la carretera, pero del resumen ejecutivo del proyecto se desprende quiénes son los principales beneficiarios: los productores brasileños que ahorrarán 7.500 km para sacar sus mercancías a mercados asiáticos, tarea que sin esta ruta internacional hacen por el Atlántico cruzando el canal de Panamá.
La carretera pasa por los territorios Tacana Kavineño y Chácobo Pacahuara, y está a 9 km del Territorio Cavineño. A poco tiempo de iniciar su construcción se registraron problemas con los trabajadores. En el año 2017, los obreros de la ruta denunciaron violación de sus derechos laborales e incluso discriminación, lo que quedó comprobado en un informe de la Defensoría del Pueblo.
Las comunidades de los pueblos indígenas reaccionaron más lentamente. Jorge Chamaro Cartagena, del territorio Tacana Cavineño y secretario de Tierra y Territorio de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), comenta que para construir la carretera “se hizo una consulta (previa) a medias” con los pueblos indígenas, “con reuniones con uno o dos capitanes, pero nunca en el territorio” con las comunidades.
“Esta carretera es un bien social, sí o sí se tiene que hacer”, recuerda que fue el mensaje de la gente de la ABC. Con el tiempo, lo único que les quedó a los representantes indígenas fue gestionar y negociar una compensación por los impactos que irían a recibir en sus comunidades. “Sí o sí, ellos (los de la empresa), por los áridos o bancos de préstamo, tienen que dar una compensación”, dice Chamaro.
En las negociaciones con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los dirigentes indígenas lograron compromisos de mejora y mantenimiento de algunos de sus caminos vecinales que les conectan con la vía internacional.
Chamaro dice que se ha cumplido la mayor parte de los compromisos con las comunidades. “Mientras no esté en 100% los compromisos, no vamos a firmar (una conformidad). Peor en el tema ambiental, o que hubieran reforestado, todo eso hemos estado reclamando. Están plantando, sí, pero es tiempo seco, recién están bajando las lluvias. Más antes reforestaron y se murieron (las plantas)”, comenta.
La tarea de los dirigentes indígenas ha sido vigilar que se cumplan los términos de la construcción que pudieron conocer en el proyecto, y así reclamaron, por ejemplo, por el cavado de zanjas de 2 metros de profundidad cuando el proyecto determinaba que fueran solo de 1,30.
Angel Camaconi, subcapitán de la Organización Indígena Cavineña de la Amazonía (OICA), explica que la ABC no permitió que actuaran los monitores ambientales indígenas para vigilar los impactos en el territorio. El problema más sensible que identifica es que los caminos vecinales que conectan con las comunidades indígenas quedaron por debajo de la vía principal y las lluvias los hacen desaparecer.
A fines de agosto, unas 200 personas del pueblo cavineño bloquearon la vía en demanda de los compromisos de la ABC: mantenimiento de caminos vecinales y resarcimiento de daños. “Nuestros arroyos están secos, ya no hay esos manantiales que teníamos, y hay una gran sequía en este momento en nuestras comunidades, especialmente en las comunidades que están sobre la carretera”, explicó Sandro Vaca, capitán grande del Territorio Cavineño.
Los impactos ambientales fueron previstos por el proyecto, incluido un proceso de “revegetación” y la reparación de caminos vecinales, pero no se cumplen sin medidas de presión. Sin embargo, los indígenas no saben de otras previsiones del diseño, como el subprograma de fortalecimiento cultural y organizacional de los pueblos indígenas, la promoción de actividades productivas y económicas, y la prospección de riqueza arqueológica. Nada de eso se demanda ni se ejecuta. En uno de los documentos de diseño de la carretera se puede leer: “El incremento en la vinculación de las poblaciones a lo largo de la carretera con centros como Rurrenabaque y Riberalta podría ir borrando paulatinamente los valores y aportes culturales de estos pueblos”.
“La empresa china hizo lo que quiso, nadie les controla”, dice Camaconi. Y a pesar de ello, el dirigente afirma que, como autoridades indígenas, han escuchado el pedido de varias empresas mineras que quieren entrar a su territorio. “Eso lo hemos parado. Nos organizaremos mejor y vemos cómo vamos a trabajar”, dice el dirigente. En junio pasado, los cavineños aprobaron su estatuto autonómico y en el futuro esperan constituirse en la segunda autonomía de tierras bajas, después del Territorio Multiétnico.
Las consecuencias no imaginadas de estar sobre una carretera internacional están comenzando a llegar. Cornelio Yubanera, secretario de Tierra, Territorio y Recursos Naturales de la OICA, siente que están desbordados en el control de su territorio frente a la irrupción de actividades ilegales y de ocupación de predios por parte de actores que llegan por la nueva vía. ¿Fueron previstas estas consecuencias? Cómo saberlo. La oficina de Comunicación de la ABC en La Paz no respondió el requerimiento de este reportaje a pesar de la espera e insistencia.
“El tema de fondo es el cuidado y control territorial. Si bien conocen nuestros vecinos donde empieza y finaliza nuestro territorio, hay otras personas que saben y se entran. Ya en (Territorio) Cavineño tenemos el ingreso por carretera por la comunidad de Buen Destino; más allá de Los Cayuses tenemos otra entrada, por ahí hacen aprovechamiento ilegal de recurso naturales; otro ingreso es por (la comunidad) Australia; por Santa Rosa también tenemos otro ingreso por donde hay fuga de recursos naturales”, explica Yubanera.
La gran vía ha abierto las puertas a la práctica ilegal de caza, pesca y explotación de madera dentro del territorio indígena. El problema apenas está comenzando porque los Cavineños han pedido al gobierno, a modo de compensación, conectar sus comunidades a la gran vía mediante anhelados caminos vecinales, al igual que tienen los propietarios privados. Lo que no podían prever es que la carretera internacional se convertiría en un portón para otros actores que tienen la capacidad de aprovecharla para acceder a los caminos vecinales e introducirse en tierras indígenas.
Cornelio Yubanera es un hombre tranquilo y de hablar pausado, por eso sorprende cuando dice con firmeza: “Sé que vamos a llegar a confrontarnos con las personas que están haciendo asentamiento ilegal”.
Imagen principal: paisaje del territorio indígena de los Cavineños. Foto: Malkya Tudela
