Por Mercedes Bluske
Los árboles moviéndose al compás del viento parecen danzar, mientras entre el crujido de las ramas y el crepitar de las hojas, crean una melodía que emana paz desde sus raíces.
Mauricio Macoñó se desliza por medio del bosque con natural destreza, saltando entre las ramas y esquivando arbustos. En medio de aquel día soleado y despejado de agosto, cuesta recordar los días en los que aquel bosque parecía impenetrable a causa del humo, fruto de los incendios que aquejaron la zona el año 2019.
La comunidad indígena El Rancho, perteneciente a la tierra comunitaria de origen (TCO) Monte Verde, fue una de las zonas que se vio amenazada por los masivos incendios que se dieron en la chiquitanía boliviana el año 2019.
Mauricio Macoñó recuerda que por aquel entonces, se turnaban para ir a hacer guardia en los alrededores del bosque de Copaibo de la comunidad, para evitar que el fuego ingresara al área boscosa.
Por aquellos días el olor a humo había invadido a la comunidad y los bosques parecían cubiertos por una niebla, a causa de la humareda y la ceniza que llegaban de las miles de hectáreas cubiertas de negro, tras el paso del fuego.
Sin el equipamiento adecuado, con un pañuelo para la boca y una pala en la mano, el joven, junto a otros voluntarios de la comunidad, salía dispuesto a pelear cuerpo a cuerpo con el fuego, para evitar que ingrese al bosque.
Tomás Cuasace, técnico de la organización Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano, explica que por aquel entonces realizaron brechas para evitar que el fuego ingresara al bosque que la comunidad busca conservar. Este 2023, no fue la excepción, ante la inminente llegada de la temporada de incendios, Tomás, junto a comunarios y voluntarios, realizaron labores de mantenimiento a aquellas brechas.
“Ésta área, en su alrededor, está cubierta por potreros, entonces siempre está propensa a incendios”, asegura.
Tomás Cuasace en el bosque que resguardan los comunarios de El Rancho.
Para la comunidad El Rancho, el bosque no sólo es una conexión con la naturaleza, sino que, cuidándolo, se ha convertido en una fuente de ingresos alternativos para la comunidad.
Mientras en los alrededores de El Rancho la ganadería ha convertido a los bosques en potreros, los miembros de la comunidad han decidido cuidar el bosque, con principal presencia del árbol de copaibo (Copaifera langsdorffii), gracias al cual las mujeres crean productos que sus ancestros utilizaban como medicina y que ahora ellas comercializan en los mercados de la región oriental principalmente.
Delcy Macoñó, tía de Mauricio, es presidente de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Jenecherú. Utilizando el aceite de copaibo recolectado por los hombres de la comunidad como materia prima, las seis mujeres y un hombre que forman parte de la asociación elaboran productos como pomadas, shampoo, jabón y el propio aceite. Estos productos se han convertido en un ingreso adicional para las familias indígenas de la comunidad.
“Nuestros abuelos los han utilizado como medicina y lo mismo nosotros”, asegura Delcy, quien agrega que su conexión con el árbol es importante, porque esa misma conexión tenían sus antepasados, quienes utilizaban el aceite como repelente y ungüento para las heridas, entre otros.
El Rancho fue fundado por 14 familias el año 1991, aunque actualmente son solo 10, compuestas por 50 personas aproximadamente, las que conforman la comunidad.
Rolando Macoñó, presidente de la comunidad, explica que aunque los miembros de El Rancho se han propuesto cuidar el bosque que se encuentra en su territorio, en los alrededores hay propiedades privadas ocupadas por ganaderos que, en un principio, se constituyeron en un riesgo para los incendios.
“En la actualidad tenemos una buena convivencia y comunicación en caso de que haya incendios”, explica el dirigente, quien asegura que también trabajan en prevención.
“El Rancho está rodeada por 4 o 5 propiedades que se dedican a la ganadería, que han consolidado ya su actividad, desmontando prácticamente el 100% de sus predios para colocar pasto”, explica José Carlos Vargas Alcócer, responsable de la oficina Regional Santa Cruz del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
Vargas, con largos años de trabajo en la zona, explica que, aunque muchas veces se intenta negar, lo cierto es que los ganaderos renuevan los pastizales a través de la quema, constituyéndose en una amenaza para la zona, donde los bosques quedan vulnerables.
El bosque de copaibo es especialmente vulnerable, dado que la resina aceitosa de su interior, lo convierte en un árbol altamente volátil. En la TCO Monte Verde, a diferencia de otros territorios de origen comunitario, existen predios de privados, en los más de 1 millón de hectáreas que conforman su territorio; éste factor lo convierte en un territorio especialmente vulnerable, porque no tienen control sobre las actividades que se llevan a cabo en los terrenos de privados.
Según registros de la Fundación Para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), desde 1986 en la TCO Monte Verde se deforestaron 7.700 hectáreas, mientras que entre 2019 y 2022, los incendios impactaron una superficie absoluta de 381.583 hectáreas del territorio indígena, principalmente en el bosque. Es decir, en cuatro años el fuego arrasó con una superficie 50 veces mayor a la deforestada desde que se tienen registros históricos.
El área absoluta impactada por los incendios en aquellos años, equivale a 423.981 canchas de fútbol profesional.
Al igual que en el resto del país, la deforestación y los incendios en Monte Verde, han cobrado especial magnitud desde que en 2019 se aprobaron un conjunto de normas, denominadas como “paquete incendiario”, que permiten la ampliación de la frontera agrícola. Entre las normas aprobadas ese año, se encuentran la Ley 1171 , cuyo objetivo es definir los lineamientos de la política de manejo integral del fuego en el territorio nacional, establecer el régimen de sanciones administrativas por quemas sin autorización y determinar un período excepcional de regularización en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización.
Los decretos supremos 3874 y 3973, aprobados también en 2019, establecen procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento intacta destinados a la producción de aditivos de origen vegetal y autorizan el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni respectivamente.
Sin embargo desde 2013 se aprobaron de manera progresiva leyes que, lejos de proteger la naturaleza, promovieron su explotación, como la Ley 337 y la Ley 741, entre otras.
“En El Rancho, existen al menos 300 árboles de copaibo censados.”
Los árboles de copaibo llegan a tener entre 20 a 30 metros de altura de tronco recto, de corteza rugosa gris verdosa con ramitas glabras.
“En Santa Cruz, las ecoregiones de Chaco y Chiquitanía son las que sufren de mayor deforestación. Aunque las causas son variadas, generalmente es para aumentar áreas para agricultura y ganadería”, explica Oswaldo Maillard, responsable del Obervatorio del Bosque Seco Chiquitano de la FCBC, quien agrega que en el caso de la Chiquitanía, históricamente la habilitación de tierras ha sido para ganadería.
Según datos extraídos de la plataforma MapBiomas, en 1985, el municipio de San Javier, al que pertenece la comunidad El Rancho, tenía 18.926 hectáreas de uso agropecuario y 294.253 hectáreas de formaciones boscosas. Hasta 2021, el área de uso agropecuario en el municipio subió a 101.496 hectáreas, mientras que las formaciones boscosas disminuyeron a 221.683.
En 2021, el sector agropecuario fue el que más aportó al producto interno bruto del país, con un 18%, porcentaje que se mantuvo al primer semestre de 2022, mostrando la fuerza y el crecimiento del rubro. En aquel entonces, las exportaciones del rubro agropecuario estuvieron por encima de las de hidrocarburos. Entre 2006 y 2019, el aporte del sector agropecuario a la economía, en promedio, fue del 10.6%, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para Maillard, es gracias al esfuerzo de las comunidades indígenas como El Rancho, que los bosques se están conservando en la Chiquitanía. Y es que los indígenas han tomado conciencia de que además de poder fabricar productos gracias a los árboles, se benefician también de sus servicios ambientales, como la regulación meteorológica.
La Chiquitanía es considerada una de las 4 regiones más calientes de Bolivia, con temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados en los días más calurosos del año.
Ante la creciente deforestación en la zona, la Fundación Para la Conservación del Bosque Chiquitano, realizó un estudio donde evaluó las tendencias en la pérdida de cobertura forestal, en función de las temperaturas de la superficie terrestre (°C) en áreas boscosas y deforestadas en la Chiquitanía.
Los resultados indican que los bosques de la región de la Chiquitanía juegan un papel fundamental en la regulación de la temperatura.
En el caso del territorio indígena Monte Verde, la temperatura promedio de la superficie terrestre fue de 27°C entre 2001 y 2021. En el centro poblado de Concepción, una de las urbes pobladas más cercanas, el promedio es de 28.7°C.
“El bosque ayuda a regular la temperatura del suelo” refuerza Maillard.
*Este reportaje ha contado con el apoyo del Howard G Buffett Fund for Women Journalists de la International Women’s Media Foundation.
*Este reportaje fue producido en colaboración con Verdad con Tinta y fue apoyado por Internews Earth Journalism Network
