Contaminación por mercurio: indígenas de seis naciones piden atención por salud y protección de su agua

Texto y fotografías por Miriam Telma Jemio

Los indígenas chimanes, esse ejjas, mosetenes, lecos, tacanas y uchupiamonas, que habitan las riberas del río Beni, tienen en común la contaminación con mercurio. Buscan que el Estado se ocupe de su salud para reducir el impacto del mercurio en su organismo y que se protejan sus fuentes de agua de la voracidad con la que los cooperativistas mineros extraen el oro de sus ríos.

Están indignados porque ninguna autoridad atiende el problema de salud que implica tener niveles elevados de concentración de mercurio como lo establecieron tres estudios realizados con las muestras de cabellos, cuyos resultados fueron conocidos en 2022.

Hasta 2021, se sabía que la población de la nación Esse Ejja, principalmente las mujeres, tenían siete veces más partes por millón (ppm) de mercurio. A nivel internacional se considera aceptable: 1 ppm.

Esa podría ser la causa de algunas dolencias que les aquejan, como las fiebres o los dolores de cabeza o de estómago que han reportado -por ejemplo- los esse ejjas de la comunidad Eyiyoquibo, asentados en San Buenaventura, quienes consumen habitualmente pescado.

La preocupación por el problema de salud ha trascendido las fronteras. En 2021, dos relatores de la ONU enviaron una carta al presidente Luis Arce manifestando su preocupación por las graves consecuencias en el ambiente y en la vida y la salud de los pueblos indígenas debido al incremento desmedido del uso de mercurio.

El gobierno fue conminado a presentar hasta mayo de 2022 el plan de acción para cumplir con el Acuerdo de Minamata, pero tardará al menos dos años más en elaborarlo.

Mientras, los indígenas buscan la manera de frenar que los cooperativistas mineros ingresen a sus territorios y que las autoridades les digan cómo se van a “curar de la enfermedad”. La RAI fue a recoger sus palabras a Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz).

Fuente: Elaboración propia / Miriam Telma Jemio

El agua de los Uchupiamonas

A Miriam Pariamo le brillan los ojos cuando habla de su territorio, San José de Uchupiamonas, que dice está en el corazón del Madidi. Le gusta compartir la placidez que siente cuando entra a un río o toma el agua que cae de alguna vertiente. Esto es algo que ya no puede hacer en el río Tuichi, al cual se llega a pie en unos 15 minutos desde la plaza de la comunidad indígena.

El paisaje es hermoso, el río está flanqueado por árboles, está dentro del Parque Nacional Madidi, una de las regiones más biodiversas del mundo. Sus aguas bajan desde la Cordillera de Apolobamba y fluyen hasta unirse con el río Beni. Precisamente, río arriba hay explotación aurífera donde usan altas concentraciones de mercurio, un metal que ha llegado hasta a los cuerpos de los indígenas, según tres estudios realizados por ONG en los dos últimos años. Dos décadas después de una de las primeras pesquisas sobre el tema.

La preocupación es generalizada frente a las operaciones de las cooperativas mineras que explotan oro. Denis Limaco, cacique de San José de Uchupiamonas, nos cuenta que emitieron tres resoluciones rechazando la adjudicación de zonas mineras dentro su territorio, pero no han tenido efecto. Le preocupa que por la explotación minera se esté poniendo en riesgo el río Tuichi, ya que en los últimos años sus aguas se han vuelto turbias.

Esa situación le pone limitaciones al consumo de agua y pescado. “Desde siempre hemos vivido en las riberas del río consumiendo pescado y ahora resulta que también los uchupiamonas estamos siendo contaminados a través de la carne del pescado- exclama. No se olviden que el río Tuichi aclaraba y bebíamos esa agua, puede ser que así estamos siendo contaminados”.

Como en otras comunidades, han participado en talleres de información sobre el impacto del mercurio en el organismo, “pero eso no hace que dejemos de consumir el pescado” y el problema persiste, remarca Limaco.

Como Limaco, su vecina Marilú Valdez y sus hijos dieron sus cabellos para el estudio liderado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cepilap). Según la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), aliada en la investigación con la Cepilap, los uchupiamonas tienen un promedio de 2,5 partes por millón de mercurio. “Trajeron los resultados de que no teníamos mucho. El más alto era 6 ppm. Uno de mis hijos tenía así”, recuerda.

Valdez sabe que el mercurio afecta a la salud. Desea que los mineros trabajen sin contaminar el agua, porque sus chacos -donde siembran arroz, maíz, walusa y yuca- están en la ribera del río Tuichi. “De eso vivimos. No nos conviene, ya viene sucio pues, así contaminado estamos tomando porque no hay de dónde más obtener agua”, explica.

El Cacique de San José de Uchupiamonas reflexiona sobre el grado de contaminación: “Si la contaminación es mínima ahora, cómo será en los años venideros, si no se está cumpliendo con (su demanda de) contener las concesiones mineras”. Se conoce que en esa TCO hay entre 15 a 25 solicitudes de cuadrículas.

Ricardo Cuqui, vicepresidente de San José de Uchupiamonas, va más allá y sentencia: “Sabíamos que este elemento estaba contaminando. Nos están llevando a la muerte lenta por el uso inadecuado del mercurio”.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, Cuqui llama a las naciones indígenas a unirse para llevar su denuncia al escenario internacional, “para que se haga algo porque sino los pueblos indígenas vamos a desaparecer frente a semejante amenaza”, sentencia.

Indignación en las naciones

“(Estoy) muy consternada con los resultados. Nos están matando en vida a las comunidades que tomamos agua del río (Beni)”, dice Trinidad Cartagena, de la comunidad indígena de San Miguel del Bala (Madidi), ubicada a 7 km de San Buenaventura. El estudio señala que allí tienen como promedio 3,7 ppm de mercurio. Aunque como nación Tacana su promedio es de 2,6 ppm.

Para ella, el gobierno actúa por encima de la Constitución al permitir (a los cooperativistas mineros) que maten “poco a poco” el ecosistema donde han vivido y crecido los tacanas. “Están atropellando nuestro territorio, en primera instancia, y están vulnerando nuestros derechos. Uno de nuestros derechos es a la salud, a la vida, eso no se está respetando a cabalidad”, reclama Cartagena.

Lamenta que “por terceras personas” tengan que sufrir las consecuencias de la destrucción del río y su ecosistema (Madidi) ya que poco a poco “lo están matando con la minería”.

En tres de las siete comunidades tacanas que están en la ribera del río Beni se han reportado la contaminación por mercurio, por eso a Celia Veyuna, exdirigenta de las mujeres indígenas de La Paz, le preocupa la falta de solución al problema.

Los indígenas de las comunidades de Pilón Lajas y Madidi abarrotan de alimentos la feria dominical de Rurrenabaque. El primer domingo de diciembre, encontramos a Julia Supa Chono, de la comunidad San Antonio Sani (Pilón Lajas), quien manifestó la misma preocupación: el efecto del agua que toman del río Beni. Alega que les causa vómitos y en algunos casos diarrea, por eso no quieren la minería. “Tomamos agua del río, nos hace daño. Pescado comemos, nos hace daño. Ya no hay carne del monte por eso comemos pescado”, asegura.

Como otros indígenas, también reporta que ya no se baña en el río porque le provoca un escozor en la piel.

Lo que llama la atención de los investigadores y los propios indígenas es que las comunidades que están en las riberas del río Quiquibey (Pilón Lajas), donde no se vio actividad minera de los cooperativistas, tengan alta contaminación con mercurio, entre cuatro a seis veces más que la considerada aceptable (1 parte por millón de mercurio).

“Los mineros que lavan oro río arriba nos están afectando. El gobierno debería mandar (a controlar) para que dejen de contaminar”, señala Graciela Coata Torrez, de la comunidad Embocada del Quiquibey, donde los habitantes que participaron del estudio de la Cepilap y la WCS tienen 4,9 ppm como promedio.

Su vecino de la comunidad Asunción de Quiquibey, Ermindo Viez Gutiérrez, remarca que no hacen minería, pero están contaminados y con alto porcentaje de mercurio: 6,1 ppm.

Por eso, demanda al gobierno tomar medidas para minimizar la contaminación en su territorio. “Las autoridades del Estado no hablan nada de la contaminación. Los ambientalistas están más preocupados que nosotros. Ya hay sospecha de que el mercurio está afectando a nuestro cuerpo, a nuestros niños en el aprendizaje. Ya se siente que (eso) está pasando”, explica Viez.

Pasada las 11 de la mañana, en la misma feria de Rurrenabaque, a Doris Chinare aún le queda un gran racimo de plátanos por vender. Ella y sus hijos dieron sus cabellos en la segunda parte del estudio realizado en Asunción de Quiquibey.

Quiere saber cuán contaminados están. “Algunas personas están (con niveles) altísimos, otros bajo y medio, pero estamos contaminados”, remarca.

Su deseo es que se frene el uso del mercurio y que los mineros no ingresen a trabajar a su territorio por el río Quiquibey. “Todo lo que botan las empresas mineras al río es arrastrado por eso el agua baja como aceite y es hediondo. ¡Que frenen eso las empresas!”, pide.

Esse Ejja: la población más afectada y sin atención en salud

Los pobladores de la comunidad Eyiyoquibo han sido los más estudiados desde antes del inicio de este siglo. En 2001, la investigadora Laurence Maurice-Bourgoin analizó las concentraciones de mercurio en mineros, indígenas y campesinos de diferentes regiones de la cuenca alta del río Beni. El resultado mostró que las concentraciones en los esse ejjas eran mayores al de los mineros, atribuyendo a que estos indígenas comen diariamente pescado.

Tras dos décadas, en 2021, un nuevo estudio realizado por la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN por sus siglas en inglés) y del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad (BRI) mediante la toma de muestra de cabello de mujeres de comunidades de Bolivia y otros tres países, concluyó que la concentración de mercurio es de 7,58 ppm en las comunidades Eyiyoquibo (San Buenaventura, La Paz) y en Portachuelo (Gonzalo Moreno, Pando).

A pesar de la grave afectación en la salud de los esse ejjas, no se conoce que el gobierno central haya tomado medidas para atenderlos, así lo confirmó Oscar Lurizi, capitán Grande de la comunidad Eyiyoquibo, la cual está a unos 10 minutos en moto desde el centro poblado de San Buenaventura.

Conversamos con él en uno de los eventos en los que ha participado los últimos días de noviembre para exponer la realidad de su comunidad donde las mujeres tienen alta concentración de mercurio.

Pide al presidente Arce una solución: “que nos dé una solución de cómo proceder médicamente, para aquellas hermanas que están con un número elevado de mercurio”.

A Lurizi le preocupa que el Estado siga dando más zonas a la minería sin tomar en cuenta que los indígenas que viven a la ribera del río están siendo afectados por la contaminación que provoca esa actividad.

Lo que más le inquieta es que, con el paso del tiempo, la gente de su comunidad ha sentido dolores musculares, de cabeza y de estómago, y que eso sea una consecuencia de la alta carga corporal por mercurio que tienen, como señala el estudio del IPEN/BRI.

Le parece bien que el problema de su nación haya llegado a nivel internacional, pero lamenta que se haya “aumentado cosas” que no son ciertas, aunque no precisa cuáles. 

Adela Costa, esposa de Lurizi, también busca respuestas. Quiere saber cómo sanar. “No sabemos cómo podemos salvarnos de esta enfermedad que tenemos, los compañeros están trajinando para buscar soluciones, porque no podemos dejar de comer pescado. Consumimos harto pescado”, explica.

En busca de esa solución, Wilson Torrez Games, que está al mando de la nueva comunidad esse ejja denominada Fortaleza, participó en la reunión con el relator Marcos Orellana, donde se esperaba que la presencia del presidente Arce. “Todos los indígenas que vivimos alrededor del río (Beni) estamos contaminados y no nos dieron soluciones”, lamenta Torrez, a quien visitamos en su casa el primer domingo de diciembre. Lo encontramos descansando junto a su familia, tras meses de arduo trabajo para abrir un camino y acondicionar el terreno hacia la flamante comunidad.

El joven líder ese ejja dice que necesitan ayuda para dejar de comer pescado del río. Tiene planeado construir una poza para criar peces para que consuman en la comunidad y también para vender. “Como el gobierno ordena (las autorizaciones mineras) que solucione y nos dé apoyo para la crianza de peces”, demanda.

Pero las necesidades de esta nación indígena, que lleva apenas dos décadas como sedentarios, va más allá de la atención por la contaminación de mercurio, requieren atención integral de salud, alimentación, educación y territorio. Todavía el Estado está ausente.

Demandas

Frente al problema de salud que representa la contaminación por mercurio y que podría derivar en una grave situación de salud pública, si se toma en cuenta que, según información oficial de 2018, el sector minero aporta cerca del 70 % de la contaminación por mercurio, las demandas se centran en la atención a la salud y la paralización de la actividad minera en las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas.

Al presidente del Consejo Regional Tsimán Mosetén (CRTM), Fernando Ara, le alarma el alto índice de mercurio que tienen en algunas comunidades del Pilón Lajas: las concentraciones de mercurio oscilan entre 5,7 ppm y 7,5 ppm. En su comunidad, Real Beni, alcanza a 2,3 partes por millón. “Estamos pasando de 1 ppm y eso es tan preocupante, que pedimos a las organizaciones que nos ayuden a contrarrestar. No es suficiente ver (saber) que nos están contaminando y que no hagamos nada al respecto”, dice.

Ara considera importante plantear que se mitigue la contaminación, pero también plantea que el Estado pague una compensación por el daño a la salud que han ocasionado las empresas mineras que extraen oro. “Vamos a plantear un plan de acción”, adelanta.

El Ministerio de Salud, en octubre de 2022, presentó el “Plan Nacional de Mercurio y Salud” en un evento en el que se aseguró que no existen reportes de personas con signos de intoxicación por mercurio.

En tanto, a Ruth Alipaz le sorprende que los mosetenes y los uchupiamonas (su nación) estén contaminados con mercurio porque son pueblos que no realizan actividad minera. Eso le causa mayor preocupación porque eso confirma que las comunidades de río arriba están afectando a las poblaciones que están en la parte baja del río Beni.

Alipaz es miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), una coordinadora creada para defender los territorios indígenas y campesinos y las áreas protegidas, que junto a la ONG CEDIB y la Universidad de Cartagena, realizaron uno de los dos estudios conocidos este año. “Queríamos saber cómo estábamos las otras poblaciones del río Beni”, cuenta, hasta entonces solo los esse ejjas habían sido estudiados.

Lamenta que el gobierno no tome en cuenta los datos de las investigaciones que los propios afectados han realizado. Los pueblos indígenas en general, las organizaciones de la sociedad civil y la academia están proporcionándole información para que tome medidas, pero ni el plan de Convenio de Minamata ha cumplido, critica Alipaz.

Bolivia adoptó el Convenio de Minamata mediante la Ley N° 795 en noviembre de 2015. El convenio, que entró en vigencia en 2017, establece que los Estados deben realizar esfuerzos para eliminar, de forma paulatina, la importación, uso y disposición del mercurio, por su nivel de toxicidad y los impactos que este ocasiona sobre la salud de la ciudadanía además del medio ambiente.

Para Alipaz, el gobierno no toma con la seriedad que amerita el problema de salud y piensa que es un plan gubernamental para hacer desaparecer a los pueblos indígenas. “Si tomamos en cuenta lo sucedido en Minamata, lo mismo pasa en Colombia y Perú, esto apunta a una muerte lenta de los pueblos, porque estamos afectando a las futuras generaciones”, explica.

La conclusión del estudio del IPEN/BRI señala que las mujeres y sus hijos están en un riesgo significativo a menos que se prohíba el uso del mercurio y “que el mercurio que se ha introducido a los sistemas fluviales ya es un legado para las generaciones futuras y se debe entrar en acción para evitar una mayor contaminación”.

Los pueblos indígenas se han unido -desde las organizaciones orgánicas como la Cepilap y la CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia) hasta la Contiocap y la Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi- para exigir que el tema de salud y otros que tienen que ver con la minería sea abordado por el presidente Luis Arce y dé una respuesta al problema.

Los pueblos indígenas afectados están esperando la respuesta de Arce.

Imagen principal: Miriam Pariamo en el río Tuichi, dentro el Parque Nacional Madidi, en territorio Uchupiamona.

*Este reportaje fue apoyado por Internews Earth Journalism Network