Por Erika Bayá
En abril de este 2025, el Tribunal Agroambiental de Bolivia, munido de una información nutrida, protagonizó una jornada histórica y trascendental al realizar la primera audiencia pública sobre medidas cautelares preventivas en defensa del jaguar y su hábitat. Durante la sesión, se emitió una resolución que incluye 12 disposiciones y mecanismos orientados a salvaguardar al jaguar (Panthera onca) y su hábitat. Entre ellas, se exige al Estado la implementación de políticas y acciones concretas de protección, como la declaración de una pausa ambiental para evitar que los chaqueos (las quemas para preparar la tierra antes de los cultivos) se conviertan en incendios en todo el territorio boliviano, estableciendo así un precedente en la jurisdicción agroambiental para garantizar la protección efectiva del medio ambiente y, sobre todo, el territorio del jaguar.
¿Por qué el jaguar y no otra especie? Porque el rol ecológico de la Panthera onca resulta esencial para mantener el equilibrio de las cadenas tróficas, evitando la sobrepoblación de otras especies y preservando la salud de los hábitats naturales. La comunidad científica concuerda en que la desaparición del jaguar provocará impactos ecológicos en cascada y pondrá en riesgo la biodiversidad regional en su conjunto. En este contexto, la protección de esta especie no solo responde a la preservación de un emblema nacional, sino también a la salvaguarda de derechos colectivos fundamentales.
Para comprender la relevancia y urgencia de la acción promovida, resulta necesario contextualizar la situación que atraviesa el jaguar en Bolivia y en la región. De acuerdo al Informe CITES de 2021 este felino, el más grande de América, ha perdido más del 50% de su distribución histórica en América y ha tenido una disminución de su población entre el 20 y 25%, enfrentando amenazas cada vez más graves derivadas de la deforestación, la expansión agrícola, los incendios forestales y la caza furtiva. Basándose, este informe, en los registros de caza furtiva y en los decomisos comunicados en la literatura científica , en los medios de comunicación y en la literatura gris, o transmitidos por las partes interesadas pertinentes, en Bolivia se cazan furtivamente al menos 60 jaguares, encabezando así la lista de países con las mayores cifras notificadas de mortalidad anual de esta especie.
El biólogo Damián Rumiz, con años de trayectoria investigando a este mamífero en Bolivia, explicó a RAI Bolivia que el jaguar es una especie que preocupa por su vulnerabilidad a la extinción. A pesar de que es “grande, resiliente y que puede sobrevivir a una serie de presiones”.
“La Panthera onca, en diferentes periodos resistió – por eso es resiliente, resalta Rumiz – a fuertes presiones de cacería”. En un tiempo, la moda en el uso de pieles de animales silvestres llevó a una intensa cacería con trampa y armas para exportar pieles a Europa.
“Si bien la cacería comercial tuvo fuerte influencia en las poblaciones, así como otras especies peleteras como las londras y otros gatos, en el caso del jaguar se pudo notar una repoblación con el tiempo, debido a que son capaces de esconderse y vivir incluso cerca de las actividades humanas, sin ser detectados”.
Para Rumiz el principal problema en la actualidad es la destrucción de los hábitats que conlleva que tengan que refugiarse en las áreas de bosque remanente. Con menos territorio, se agotan las presas naturales y aparece la ganadería y otros animales domésticos como presas, lo que lleva a crear el conflicto con los humanos, que los persiguen y los matan.
Cuando acabó la presión de pieles por la moda, las poblaciones se recuperaron en una fuerte proporción, pero luego empezó el conflicto con la ganadería. En estos últimos años surgió otro factor negativo, el comercio de partes: colmillos, garras, huesos para la medicina oriental; pero también por los safaris de cacería, confirmados recientemente en Bolivia.
“Cuando a estas presiones se les aumenta la deforestación y los incendios forestales, que acaban con el hábitat de las especies naturales, eso exacerba la situación incrementando el conflicto jaguar humano, que al no tener alimento se va a acercar a las zonas ganaderas”, concluye Rumiz.
De acuerdo a Rumiz hubo varias iniciativas internacionales para su conservación desde México hasta Argentina, la zona de distribución original con los países involucrados en distintas estrategias. Una de ellas Jaguar 2030, en la cual Bolivia participó, pero finalmente no firmó el acuerdo. Sin embargo, nuestro país participó en otras iniciativas, como el Libro Rojo de las Especies Amenazadas de Bolivia, donde la Panthera onca está en la categoría de “Vulnerable”, así mismo, se preparó de manera oficial con el Ministerio de Medio Ambiente, el Plan de Acción de Conservación del Jaguar.
Si bien en el discurso internacional de Bolivia sobre la Madre Tierra el jaguar es un elemento importante y hay casos concretos de lucha contra el tráfico y contra algunos casos de muerte de animales por cacería, en general las políticas de expansión agropecuaria, deforestación, la no prevención de los grandes incendios forestales, no están promoviendo de una manera efectiva la conservación del jaguar y sus presas.
Para el biólogo experto, la resolución del Tribunal Agroambiental, es una medida potencialmente útil, pero aclara que “es posible que no se cumpla a cabalidad por temas políticos, a no ser que haya una fuerte reacción pública”.
Y es precisamente lo que está sucediendo. Con la llegada del invierno austral, Bolivia enfrenta nuevamente un inminente riesgo de incendios forestales debido a la sequedad de los ecosistemas y fuertes vientos, exacerbado por prácticas agropecuarias y el tráfico de tierras. En este contexto, en julio de 2025 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), presentaron peticiones para dejar sin efecto la Resolución SP-TAA 001/2025-AA del Tribunal Agroambiental, que protege al jaguar y su hábitat natural.
La ABT argumenta que esta resolución afecta sus competencias y la economía, y que carece de sustento legal. Sin embargo, la diputada María René Álvarez , denunció esta acción estatal, a través de distintos medios de comunicación, calificándola como una “vulneración a una decisión judicial que busca frenar la caza ilegal de jaguares”. Álvarez también advirtió que el intento de levantar la pausa ecológica podría estar vinculado a intereses políticos y electorales del Gobierno, buscando “entregar tierras a cambio de votos y crear caos con incendios forestales que podrían afectar las próximas elecciones”.
Esta situación contrasta también con el Decreto Supremo 5225 emitido en septiembre de 2024, cuando Bolivia estaba bajo humo y llamas de grandes incendios forestales. En ese momento, el mismo gobierno boliviano declaró una pausa ambiental ecológica indefinida, se anularon las autorizaciones de quemas y se inhabilitaron por cinco años las tierras afectadas por incendios.
Pese a esto, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó en mayo de 2025 que se emitiría un nuevo decreto para levantar temporalmente esta pausa y autorizar los “chaqueos” (quemas controladas), lo que generó preocupación sobre la coherencia de las políticas ambientales del país.
Y así fue, el Decreto Supremo 5225 fue anulado, la ABT autorizó los chaqueos con permiso hasta el 31 de julio, cuando se registraron 4 065 focos de calor, de acuerdo al monitoreo oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia.
Para comprender mejor el abogado ambiental, Rodrigo Herrera, explicó a RAI Bolivia que la Pausa Ambiental promulgada por el presidente del Estado Plurinacional, que ya no está vigente, era una medida administrativa. La Pausa Ambiental emitida por el Tribunal Agroambiental, que protege al jaguar y su hábitat natural, es judicial, jurisdiccional y está vigente en todas las Áreas Protegidas, Sitios Ramsar, Reservas, Unidades de Conservación y todos los lugares dónde hay registros de que habita esta especie.
En junio de 2025, el Tribunal había admitido una Acción Ambiental Directa interpuesta por la ciudadana María de los Ángeles Mamani Rocha y otros, frente al riesgo de nuevos incendios forestales. Se dictaron medidas provisionales en favor de la Madre Tierra, como parte del deber del Estado de prevenir y evitar daños ambientales.
El Tribunal convocó a una audiencia para este 4 de agosto, misma que fue suspendida. Con otro comunicado emitido el 30 de julio de 2025, levantó la pausa y la dejó en suspenso. Pese al levantamiento de las medidas, el Tribunal reafirmó que mantiene la competencia sobre la causa y el derecho de las partes a presentar argumentos. Enfatizó que los amicus curiae (persona, grupo u organización que, sin ser parte directa en un caso, presenta información, argumentos o experiencia especializada ante el tribunal para ayudarlo a tomar una mejor decisión) podrán seguir aportando análisis y propuestas.
Con esta decisión, queda sin efecto la “pausa ambiental” dispuesta para prevenir incendios forestales este año, una medida que llega justo cuando los focos de calor se habían disparado en todo el territorio nacional de 4 065 a 6 000 en cuestión de horas, según los informes del mismo Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Existe una urgencia de fortalecer las acciones de control y justicia para el jaguar
Paralelamente a los temas administrativos y jurídicos relacionados a cuidar el territorio del jaguar, están estos otros hechos concretos que afectan a los individuos de esta especie. Estos casos, al igual que los territoriales, tampoco se están logrando resolver o defender con las leyes, decretos o resoluciones y son precisamente los que desnudan y muestran el estado de desprotección en la que, finalmente, está este felino.
En 2018, el decomiso de 185 colmillos de jaguar y otras partes de fauna silvestre, sumado al arresto de ciudadanos chinos en Bolivia, reveló una cruda realidad: la persistente amenaza que enfrenta el jaguar , el felino más grande y emblemático de América. La evidencia muestra que actualmente la situación no ha mejorado. Los cada vez más intensos incendios forestales están arrasando con su hábitat, empujando a esta especie icónica al borde de una crisis aún mayor. A este escenario preocupante, se suma la cacería impulsada por conflictos en zonas ganaderas, el tráfico ilegal de sus partes, la tenencia ilegal como mascotas y la cacería deportiva, que continúan cobrando vidas de jaguares de manera impune.
Solo para aterrizar en casos concretos, entre 2023 y 2024, los medios han informado de la muerte de jaguares en Ixiamas (norte de La Paz), Shinahota (Cochabamba), Guarayos y Charagua (Santa Cruz). A estos crímenes se suman las denuncias a personas en posesión de colmillos, cráneos, pieles y ejemplares vivos, casos que quedaron sin resolución judicial. A todo esto, hay que agregarle que actualmente hay 26 jaguares bajo custodia en centros especializados en Bolivia, y detrás de muchos de estos casos, hay una madre a la que le han quitado la vida, para sacarle sus crías. De estos jaguares en cautiverio el Estado no asume responsabilidad. Su tarea concluye con la entrega y la fiscalización a estos centros y en estos casos, la impunidad también prevalece para los responsables de su tenencia ilegal.
Y a toda esta suma de problemas que afectan al jaguar en la región y en Bolivia, también se descubrió que una empresa argentina organizaba safaris de cacería en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías para cazar distintas especies silvestres y especialmente a la Panthera onca. Este caso, aún en proceso de investigación en Argentina y Bolivia, fue el detonante para que la diputada María René Álvarez Camacho presentara una demanda, y en respuesta a esta situación, el Tribunal Agroambiental, en ejercicio de su jurisdicción especializada, resuelva admitir la acción.
Ángela Núñez, una bióloga investigadora del jaguar cuyo nombre figura en numerosos estudios y planes de conservación de esta especie, incluido el Plan de Acción de Conservación del Jaguar, no solo se dedica a la ciencia; en su trabajo comprometido, también hace seguimiento a los casos de individuos que han muerto en diversas circunstancias o han sido víctimas del persistente tráfico ilegal de partes, en distintas regiones del país.
Su labor resalta la urgencia de la situación, a pesar de que Bolivia, además de contar con sólidas leyes y reglamentos ambientales que protegen al jaguar, implementó en 2020 un Plan de Acción para la Conservación del Jaguar. Este plan abarca acciones clave como el establecimiento de protocolos para vigilar y combatir el comercio ilegal de vida silvestre, el fortalecimiento de la Autoridad CITES de Bolivia, el monitoreo del impacto de proyectos de infraestructura en los hábitats de los jaguares, el aumento de la concienciación pública sobre la especie y las leyes de vida silvestre, y la mejora de la capacidad de las autoridades como la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA) y el sistema judicial para hacer cumplir la normativa.
Y es precisamente el fortalecimiento a la capacidad de las autoridades donde Ángela Núñez ha detectado el punto flaco. “POFOMA está extremadamente debilitado. Como policía, tiene que ir a los puestos de control, estar en las trancas, hacer seguimiento a los procesos, tiene que investigar los casos, ese es su trabajo”, remarcó.
Para la investigadora al igual que muchas instituciones ambientales como ABT o el Sernap, Pofoma hace lo que puede con poco personal, cuenta con algunos funcionarios en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pero en ciudades como Beni o Pando, donde hay muchos ilícitos, solo tiene dos funcionarios por departamento. La situación de las provincias es peor, en sitios como Rurrenabaque, Ixiamas u otros municipios conflictivos donde se requiere mucho control sobre los ilícitos que afectan a los recursos naturales, y a la fauna silvestre en especial, no tienen funcionarios.
Por otro lado, con el seguimiento continuo que viene realizando, ha notado que hay cambios excesivos de personal y esta situación ocasiona que no haya seguimiento a los casos de muerte de jaguares. Ángela Núñez tiene una lista de seguimiento a los distintos casos con muerte y posesión de cachorros de jaguar (algunos con denuncia) a los que POFOMA no da respuesta, precisamente por los cambios de personal.
“En 2024, presentamos a POFOMA un listado de seis casos. Sin embargo, un cambio de dirección en la institución llevó al extravío de toda nuestra correspondencia, a pesar de tener copias selladas. Hoy, desconocemos el paradero de esos expedientes: no sabemos si fueron remitidos a la Fiscalía, si están bajo investigación o, lo que es más grave, si han quedado en la nada”.
El año 2024 ha evidenciado una alarmante persistencia en el tráfico y la tenencia ilegal de jaguares en Bolivia, con al menos seis casos significativos registrados en diferentes puntos del país entre febrero y junio. Estos incidentes, que van desde la posesión de cachorros hasta el comercio de colmillos y pieles, subrayan la urgencia de fortalecer las acciones de control y justicia.
Uno de los primeros casos documentados en febrero de 2024 tuvo lugar en Chulumani, La Paz. Funcionarios de la Gobernación y POFOMA atendieron una denuncia sobre la tenencia ilegal de dos jaguares juveniles o cachorros, que eran paseados al interior de un vehículo por la plaza principal de la localidad. Aunque los denunciantes y denunciados se mantienen en el anonimato en el registro, el hecho resalta la audacia de los traficantes.
Apenas un mes después, el 24 de marzo de 2024, Trinidad, Beni, fue escenario de una denuncia por tráfico ilegal de vida silvestre. Se denunció la posesión flagrante de nueve colmillos de jaguar por parte de dos personas.
Entre el 5 y el 8 de mayo de 2024, un caso de biocidio y tráfico ilegal de vida silvestre sacudió las inmediaciones del Campamento No. 2 de la empresa china Sinohydro Corporation Limited, sucursal Bolivia, ubicada en la carretera interdepartamental Cochabamba -Santa Cruz, a la altura del Kilómetro 124. La denuncia fue interpuesta por varias personas. Apuntó a un posible atropellamiento y desmembramiento de un jaguar dentro del campamento de la empresa. Posteriormente, se reveló un presunto tráfico ilegal de vida silvestre relacionado con este incidente, involucrando a ciudadanos extranjeros y bolivianos relacionados laboralmente con la empresa mencionada.
Aproximadamente el 13 de mayo de 2024, se interpuso una denuncia por tráfico ilegal de vida silvestre en Santa Cruz de la Sierra, esta vez vinculada a plataformas digitales y redes sociales. Una persona había puesto a la venta cachorros de jaguar por Facebook.
Más tarde, el 28 de mayo de 2024, en Viacha, La Paz, se registró un caso atendido por un fiscal de medio ambiente. En esta ocasión, se trató de la posesión flagrante de una piel de jaguar y una piel de zorro. Hay una denuncia interpuesta.
Finalmente, el 6 de junio de 2024, Trinidad, Beni, volvió a ser noticia por un caso de tráfico, atendido por un fiscal de medio ambiente. El caso fue denunciado por un incidente de posesión flagrante de piel de jaguar.
La evidencia es innegable, el jaguar boliviano se encuentra atrapado en una paradoja. Está protegido por 14 normas, un marco legal robusto que incluye desde la Constitución Política del Estado hasta leyes específicas como la Ley Forestal 1700, la Ley de los Derechos de La Madre Tierra, incluso el Código Penal. A todas ellas se suma esta importante Resolución del Tribunal Agroambiental, sin embargo, la presión constante sobre la Panthera onca exige una acción urgente y efectiva de las autoridades y la sociedad civil, para convertir la letra de la ley en una verdadera defensa contra los crímenes de caza, tráfico, tenencia ilegal y la pérdida de su territorio.
Imagen principal: Comunidad Inti Wara Yassi.
