REDESCA reconoce los esfuerzos del Estado boliviano para evitar una catástrofe humanitaria mayor, sin embargo, señala la fragmentación institucional y la desarticulación entre niveles de gobierno, así como la deficiente implementación de la “pausa ambiental”. Además, el informe vincula los incendios a normativas que permiten desmontes y quemas con fines agropecuarios y advierte sobre indicios de intencionalidad con fines ilícitos, subrayando la urgencia de fortalecer la gobernanza de riesgos, la prevención, la fiscalización y la participación comunitaria para proteger los derechos humanos y el medio ambiente.
Justo cuando empiezan las alertas nacionales por incendios y focos de calor 2025, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con base en Washington D.C, Estados Unidos, publicó el informe “Impactos de los incendios forestales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la biodiversidad“, elaborado a partir de su visita de trabajo al Estado Plurinacional de Bolivia realizada entre el 9 y el 11 de diciembre de 2024.
Durante la misión, encabezada por el Relator Especial Javier Palummo Lantes, la delegación visitó La Paz, Santa Cruz de la Sierra y San Ignacio de Velasco, incluyendo un sobrevuelo a la Chiquitanía, para documentar los impactos de los incendios forestales sobre los derechos humanos, en particular sobre comunidades rurales e indígenas.
El informe, en extenso, documenta una tendencia creciente de incendios forestales en las últimas dos décadas, con daños generalizados sobre la naturaleza, los territorios y las poblaciones. En 2024, Bolivia enfrentó una emergencia de magnitud sin precedentes, con más de 10 millones de hectáreas afectadas, lo que generó un impacto devastador sobre ecosistemas estratégicos y medios de vida. Según información oficial, los departamentos más afectados fueron Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando y especialmente Santa Cruz, donde el fuego arrasó aproximadamente 7,3 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 65% de la superficie total afectada. Estos incendios implicaron pérdidas significativas tanto ambientales como socioeconómicas, afectando a comunidades, sus formas de subsistencia y los ecosistemas de los que dependen.
El informe analiza los impactos en una amplia gama de derechos, incluidos el acceso al agua, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo y los derechos culturales, subrayando cómo se profundizaron las desigualdades estructurales que ya enfrentan pueblos indígenas, comunidades campesinas, mujeres, personas mayores y en situación de pobreza.
Como conclusión la REDESCA ha destacado tanto los esfuerzos como las deficiencias del Estado boliviano en la respuesta a los incendios forestales de 2024, que, a pesar de su magnitud sin precedentes, no derivaron en una catástrofe humanitaria mayor gracias a la movilización de recursos en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, el análisis subraya la necesidad urgente de fortalecer la gobernanza de riesgos y la coordinación interinstitucional para futuras emergencias.
A pesar de los logros en la respuesta, la experiencia de 2024 puso en evidencia la fragmentación institucional y la desarticulación entre los niveles de gobierno, factores que ralentizaron las acciones.La Relatoría Especial enfatiza que las autonomías no deben ser un obstáculo para una respuesta estatal articulada, y que garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en estos contextos, exige una mayor coordinación y el respeto a la unidad del Estado, además de la inclusión efectiva de pueblos indígenas y comunidades campesinas en la toma de decisiones.
El informe también analizó la declaración de una pausa ambiental, calificándola de medida necesaria, pero con serias dificultades en su implementación. Se señaló la ausencia de consulta previa con las comunidades afectadas y la falta de medidas compensatorias adecuadas. Además, el informe cuestiona la eficacia y pertinencia de este tipo de medidas fuera del contexto de emergencia, especialmente por su impacto en pueblos indígenas y comunidades campesinas.
La Relatoría Especial vincula los incendios a condiciones estructurales que los han facilitado y agravado, como la vigencia de normativas que permiten desmontes y quemas con fines agropecuarios, contribuyendo a la deforestación y al aumento del riesgo de incendios. El avance de un modelo productivo basado en la expansión ganadera y soyera, genera una tensión persistente entre los objetivos económicos y la sostenibilidad ambiental.
En este sentido, la REDESCA recordó que Bolivia tiene la obligación internacional de prevenir daños ambientales significativos. Esto implica no solo abstenerse de causar daños, sino también regular actividades peligrosas como la quema extensiva y el cambio de uso del suelo mediante marcos normativos, sistemas de monitoreo y mecanismos de fiscalización eficaces. Se subraya la necesidad de regulaciones claras y efectivas, así como la obligatoriedad de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) para actividades que puedan generar impactos significativos. La falta de control estatal sobre actividades que generan daño ambiental, especialmente en territorios indígenas, constituye una violación a los derechos humanos.
Preocupa a la REDESCA que la temporada de incendios de 2024 no solo fue notable por su magnitud, sino también por indicios consistentes de acciones deliberadas con fines ilícitos. Testimonios y datos oficiales sugieren que muchos incendios fueron provocados intencionalmente para habilitar tierras para actividades agrícolas o ganaderas, presionar sobre territorios colectivos, facilitar apropiaciones irregulares de tierras o por motivaciones políticas. Aunque se abrieron más de un centenar de procesos penales, la limitada cantidad de sentencias condenatorias confirma los desafíos en el acceso a la justicia y el combate a la impunidad ambiental.
El informe enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque diferenciado y culturalmente sensible en la gestión del fuego, superando estrategias centradas exclusivamente en su supresión. Se debe promover una gobernanza ambiental que reconozca el conocimiento tradicional, establezca controles claros contra el uso indiscriminado del fuego y garantice la participación comunitaria.
La Relatoría Especial subraya la importancia de la supervisión, fiscalización y monitoreo permanente, incluyendo nuevas tecnologías, modelos predictivos y el fortalecimiento de mecanismos comunitarios de alerta temprana. La reciente adopción del Plan de Acción para la Prevención de Incendios Forestales 2025 es vista como una herramienta clave para guiar las acciones futuras.
Finalmente, el informe recalca que el derecho de acceso a la información ambiental y a la participación en asuntos ambientales son pilares esenciales para la gestión efectiva de los incendios. La falta de información oportuna y accesible limita la capacidad de la población para protegerse y exigir medidas. Bolivia debe reforzar sus acciones para garantizar estos derechos, conforme a los estándares interamericanos y el Acuerdo de Escazú.
Foto principal: ellibreobservador.com
Foto 2: Comunidad Pozone del Área Natural de Manejo Integrado San Matias / Ricardo Barbery, SERNAP.
