- La declaratoria de reserva natural protegida ha sido una denominación inútil para el Aguaragüe. Un estudio oficial confirma la contaminación de suelos y agua en Sanandita y Los Monos.
- Guaraníes llevan décadas esperando la remediación a los daños de la extracción petrolera, pero lo que más avanza son los planes de explotación de los recursos energéticos. Esa nación indígena continua en la pobreza, sin servicios básicos y, ahora, sin tierra.
Por Miriam Telma Jemio (RAI)
“Han venido a tomar muestras de agua, pero no sabemos los resultados”, esta es la frase que más repiten en las comunidades indígenas que viven en el área de influencia del Parque Nacional Aguaragüe, zona de recarga acuífera para la región del Gran Chaco, ubicado en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia donde habitan 147.478 personas.
En el Aguaragüe se realiza actividad hidrocarburífera desde los años 20 del siglo pasado, la cual ha dejado contaminación en sus suelos y fuentes de agua. Un hecho denunciado de manera sostenida por los indígenas guaraníes, habitantes ancestrales de la zona.
Vista panorámica del Aguaragüe Foto: Sernap
Antes de finalizar el 2017, el gobierno y la Unión Europea divulgaron los hallazgos de una investigación que arrancó en 2014 y los resultados no ocultan el desastre: existen cinco pasivos ambientales de alto riesgo que contaminan el suelo y agua en el Aguaragüe, dando así la razón a las denuncias de los indígenas.
Los pasivos ambientales son un eufemismo para nombrar a los pozos de exploración y explotación perforados en los campos petroleros que luego quedan abandonados con deficiencias en el sellado y con emanaciones de hidrocarburos sin ningún tipo de control.
Esta situación, reconocida oficialmente por el gobierno, trunca uno de los objetivos establecidos cuando se creó el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) en el año 2000: Proteger la serranía del Aguaragüe como área reguladora del régimen hídrico y como única fuente de agua del chaco tarijeño.
La declaratoria no sirvió para frenar la exploración y explotación de petróleo y gas en las últimas décadas. Además de los recursos dañados, en las comunidades, los guaraníes aún viven en la pobreza, sin servicios básicos cubiertos y sin tierra, sin áreas de cultivo.
Asediada por la contaminación, la fuente de agua del Gran Chaco disminuye
Hace décadas que los habitantes de la ahora autónoma Gran Chaco (Tarija) saben que su fuente de agua nace en el Aguaragüe, precisamente por eso se creó el Parque Nacional para proteger esa región y ese importante recurso para los pobladores de los municipios de Yacuiba, Villamontes y Caraparí.
Pero su riqueza hidrocarburífera se convierte en una amenaza. Desde la década de 1920, el subsuelo del Aguaragüe ha sido explotado y ha dejado una herencia de pasivos ambientales, como pozos petroleros, campamentos, infraestructura de almacenamiento, maquinaria y oleoductos, entre otros, que operaron hasta 1996.
De esa primera etapa extractiva, realizada solo por empresas privadas, quedaron al menos 60 pozos principalmente en las zonas Caigua, Los Monos y Sanandita, según el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib). Muchos no fueron cerrados adecuadamente y aún provocan emanaciones de gases y líquidos, afirmó a la RAI Jorge Campanini, investigador del Cedib.
La explotación, a pesar de ser un área protegida, se incrementó con los contratos petroleros firmados entre 2006 y 2013, tras la nacionalización de las empresas durante la primera gestión de gobierno de Evo Morales. El Cedib cuantificó que el 72,5% de su superficie está comprometida entre contratos petroleros, contratos de Sociedad Anónima Mixta, convenios de estudio y áreas reservadas para capitales extranjeros.
Pozo Itau X3 en el municipio de Caraparí. Foto: Miriam Jemio
Los indígenas guaraníes llevan más de una década denunciando, de manera sostenida, que sus fuentes de agua están contaminadas por esa actividad extractiva. “No somos escuchados”, aseveró el Mburuvicha (capitán mayor) de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Caraparí, Víctor Barrios, quien lamenta que hasta la fecha no se haya eliminado esa contaminación.
“El Aguaragüe es nuestra fuente de vida, porque el guaraní se dedica a la caza y la pesca”, expresó Verónica Roca, indígena de la comunidad Achoral. Contó que cuando no estaban las empresas petroleras en Caraparí (segunda sección de la provincia Gran Chaco, ubicada a 32 kilómetros de Villamontes), tenían para alimentarse: “Salías al monte y te conseguías un animal. Cazabas y tenías para vivir. Ibas al río a pescar. Pero ahora, con las empresas petroleras y el movimiento que hay, hasta el mismo animal ha desaparecido con la bulla. Eso nos complica más aún la vida”.
En la comunidad Caigua, ubicada en el municipio de Villamontes (tercera sección de la provincia Gran Chaco), los guaraníes tienen la misma versión. “Antes que vinieran las empresas tomábamos el agua de las vertientes, ahora nos hace daño”, afirmó Isabel Borda Vega, capitana de los indígenas de esa comunidad mixta.
Isabel Borda de la comunidad Caigua, en el municipio de Villamontes reclama la mala calidad del agua que ha dejado la actividad hidrocarburífera. Foto: Miriam Jemio
Por la gravedad del problema y la demanda de los indígenas, en la última década, instituciones públicas y privadas, como el Ministerio de Medio Ambiente o la ONG Prometa, llegaron a la zona y tomaron muestras de suelo y agua para determinar el grado de contaminación; pero, según los indígenas, no conocen los resultados de esos análisis.
La última vez fue en agosto. “Vinieron, y no dicen nada del resultado. Hay que exigir el resultado. Acaso en vano van a gastar plata en hacer los análisis”, señaló el Mburuvicha de la APG Villamontes, Hilario Trigo. Se refiere a la inspección realizada por una comisión conformada por miembros del Ministerio de Medio Ambiente, la alcaldía de Villamontes, indígenas y campesinos.
Miembros del Ministerio de Medio Ambiente, la alcaldía de Villamontes y comunarios realizaron una inspección en la Quebrada de Los Monos y tomaron muestras del agua turbia que se filtra en la región para su posterior análisis. Foto: Alcaldía de Villamontes
La insistencia guaraní arrancó una remediación ambiental parcial
Tras una marcha de protesta que realizaron desde la población de Yacuiba a Villamontes en 2010, el gobierno firmó un convenio con los guaraníes para dar una pausa al Aguaragüe mientras se realice la remediación ambiental en los pozos abandonados entre las décadas del 70 y 90.
Los mburuvichas de Villamontes, Yacuiba y Caraparí coinciden en que esos trabajos no concluyeron hasta la fecha y lamentan que el gobierno ya haya procedido a dar nuevas concesiones en esa área.
El Aguaragüe tiene una superficie de 108.307 hectáreas, es un proveedor de servicios ambientales relacionados con la oferta de agua a las comunidades y ciudades cercanas a la serranía. Pero el área tiene también relación espacial y geológica con los principales megacampos gasíferos para la exportación: San Alberto, Itau, Sábalo, San Antonio y Margarita.
Por la constante presión de los indígenas, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató a fines de 2011 una consultora para que ubique, diagnostique y proponga la remediación a los pasivos ambientales dejados por las empresas petroleras que operaron desde 1926.
A fines de septiembre de ese año, la estatal petrolera junto a dirigentes indígenas guaraníes y autoridades de Villamontes, Yacuiba y Caraparí inspeccionaron 12 pozos petroleros abandonados en los años 90 en el Aguaragüe, tras lo cual acordaron dar prioridad al cierre técnico de seis por la evidencia de la contaminación.
Remediación ambiental en Sanandita en el pozo X-3, en 2014, realizado por la empresa Sesiga Buhos. Foto: YPFB
La estatal petrolera realizó un plan de remediación ambiental. Se ejecutó en dos fases, según comunicación oficial. Empezó en 2011 con dos pozos petroleros en Sanandita (SAN-X3 y SAN-31) que presentaban fugas en superficie y contaminaban la Quebrada Cororoy. Su remediación ambiental concluyó a inicios del pasado año.
La segunda fase se inició en 2014, abarca siete pozos (SAN-2, SAN-9, SAN-17, SAN-26, SAN-28, SAN-32 y S/N Itavicua), y aún no fue concluida.
No se conoce con exactitud el número de pozos que hay en el Aguaragüe. Un informe de la consultora contratada por el gobierno, tras la nacionalización de las empresas petroleras en 2006, registró 135 de esos pasivos. Según el Cedib, recomendó “proceder a la remediación inmediata” en 19 casos hallados en San Alberto “por ser procesos erosivos” y en diez pasivos del campo Sábalo por ser “áreas erosionadas con deslizamiento, erosión severa”.
Remediación ambiental en Sanandita en el pozo X-3, en 2014, realizado por la empresa Sesiga Buhos. Foto: YPFB
En el recorrido que realizó, en octubre pasado, este medio por la serranía Santa Rosa donde están los pozos San Alberto, el mburuvicha de Caraparí, Víctor Barrios, mostró los pozos cerrados y los que aún funcionan. Explicó que algunos fueron perforados cerca o sobre los ojos de agua, lo que provocó que algunas de esas vertientes desaparecieran o se contaminaran.
Entre las comunidades afectadas directamente están Caigua, Los Monos, Sanandita y La Costa. Y en general, explica Gabriel Baldiviezo, dirigente indígena de Caraparí, las lluvias escurren los contaminantes –usados en la extracción de petróleo y gas- por la quebrada afectando las fuentes de agua y, lo primero, que se ha visto es que los peces empezaron a desaparecer.
Aseguran que eso pasó con la presa Caigua (Villamontes). Captaron agua de las vertientes, la canalizaron hasta la represa, pero está contaminada. “Ahora, hemos perdido todo, ¿de dónde tendremos agua?”, se preguntan.
En Caigua, los guaraníes contaron que ellos y su ganado enfermaban al tomar el agua que brota naturalmente, dejaron de usarla porque venía turbia y aceitosa. Como la producción agropecuaria de la zona abastece el 60 % de los alimentos que consume Villamontes, las autoridades construyeron una presa.
Comunidad Caigua, municipio de Villamontes. Foto: Miriam Jemio
Son años de reclamos que no son atendidos ni por el gobierno ni por las autoridades locales, aseguran. Esas denuncias no son apoyadas por los campesinos. Ellos minimizan el problema porque perjudica la venta de pescado o de sus productos agrícolas, explicó la capitana Borda Vega. Caigua es una comunidad mixta, está conformada por la organización territorial de base (OTB) de los campesinos y la APG de los guaraníes, cada una se rige por sus propias normas.
En lo que sí están de acuerdo los campesinos en la comunidad Santa Rosa (Caraparí) es que hay menos agua. Lo atribuyen a que en la apertura de pozos de exploración “hurgaron la tierra y taparon las corrientes de agua”, explicó Hilario Quispe, dirigente campesino de esa comunidad, que es compartida con los indígenas. Estiman que disminuyó en 50%.
Oficial: Hay contaminación y requiere acción urgente
El estudio presentado, a pocos días de finalizar 2017, por el gobierno y la Unión Europea respalda las denuncias de los indígenas. Cinco de 41 pozos inventariados en el Parque Nacional Aguaragüe representan un nivel de riesgo alto.
Los datos oficiales, resultado de una investigación iniciada en 2014, señalan que en el campo Sanandita, el pasivo ambiental hidrocarburífero SAN-12 presenta fugas de gas provocado posiblemente por daños en su estructura.
En los suelos adyacentes al pozo SAN-13, cuya estructura está probablemente cubierta por un deslizamiento, existen altos niveles de hidrocarburos totales de petróleo y benceno tolueno etilbenceno xileno (compuestos orgánicos volátiles que se están en los derivados del petróleo); así como en los sedimentos de la quebrada que se encuentra a 35 metros de los pasivos.
En el campo Los Monos, los pozos LMS-X1 y LMS-6 presentan fugas de gas por daño en sus estructuras. El pozo LMS-10, con los mismos problemas, filtra hidrocarburos líquidos.
Inspección y toma de muestra de agua en la quebrada Los Monos con la participación de personal del Ministerio de Medio Ambiente, de YPFB Chaco, Alcaldía de Villamontes, indígenas y campesinos. Foto: Alcaldía de Villamontes.
Este diagnóstico está plasmado en el proyecto “Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su influencia en el recurso hídrico” ejecutado entre 2014 y 2017, con el apoyo financiero de dos millones de euros de la Unión Europea. Presenta información actualizada sobre los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos en 15 áreas protegidas nacionales.
En el Aguaragüe, el impacto ambiental más severo de los pasivos ambientales de los pozos SAN-12, LMSX1 y LMS-6 se da en el aire, por la emisión de gas constante a la atmósfera.
“Es una vulnerabilidad alta porque esa fuga es perceptible en el medio, por lo que es necesario implementar medidas de cierre”, señala el informe del Proyecto administrado por el PNUD y ejecutado por entidades del Ejecutivo.
El pozo LMS-10 representa un impacto ambiental severo para el factor agua, porque las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo están por encima de los límites permisibles del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos.
Estos cinco pasivos ambientales no se cerraron y restauraron de acuerdo a norma, por tanto, representan una fuente activa de contaminación y de riesgo, principalmente para las comunidades de Sanandita y La Costa.
La recomendación del proyecto es que se proceda con el cierre a corto plazo de los cinco pozos y que se realice una acción inmediata de cierre y contención de la contaminación de los pozos LMS-X1, LMS-6 y SAN12, mencionó la experta en hidrocarburos Analia Guachalla Terrazas, miembro del equipo que ejecutó el proyecto.
Toma de muestra de agua en la quebrada Los Monos con la participación de personal del Ministerio de Medio Ambiente, de YPFB Chaco, Alcaldía de Villamontes, indígenas y campesinos. Foto: Alcaldía de Villamontes.
Precisamente, YPFB anunció que intervendrá el pozo SAN-12, aunque no se conoce cuándo lo harán. Este medio pidió una entrevista para conocer detalles del tema hace siete semanas y hasta la fecha no recibió ninguna respuesta.
Para la directora de Medio Ambiente, María Cristina Arellano, la relevancia del proyecto es que ya se conocen las áreas vulnerables, para lo cual es necesario encontrar una solución.
Al ser consultada por la RAI, sobre la urgencia de intervenir en las cinco zonas de alto riesgo en el Aguaragüe, Arellano dijo que se continuará con el trabajo y se empezará por los pasivos más complicados. “Tampoco son muchos, digamos; entonces, hay que trabajar”, puntualizó.
La viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva Maturana, dijo a la RAI que elaboraron un “Plan de Acción” para la remediación del pasivo ambiental del pozo Los Monos 10, que establece la realización de medidas ambientales a corto, mediano y largo plazo que serán necesarias para el cierre definitivo del mismo. Aunque aún no cuentan con los fondos para su ejecución.
Erick Arauz, responsable de Medio Ambiente de la alcaldía de Villamontes, quien participó en la inspección realizada en agosto en la quebrada de Los Monos junto a los guaraníes, manifestó a este medio que esperan que el gobierno realice las acciones necesarias para resolver ese problema, puesto que no es atribución de ese municipio realizar la remediación ambiental.
Pozo petrolero Los Monos, en el municipio de Villamontes. Foto: Alcaldía de Villamontes.
Arellano destacó que el proyecto elaboró una propuesta de normativa para el tratamiento específico de estos pasivos que será incorporada al Reglamento para la Prevención y Control Ambiental de la Ley 133 del Medio Ambiente. “Ahora viene una fase de aplicación. (…) Nos toca trabajar en la segunda parte; además, que los sectores se involucren y ver cómo se va realizar la remediación”, adelantó la autoridad.
La autoridad ambiental de Villamontes señaló la importancia de incluir en la normativa la emanación natural del hidrocarburo (que contamina los recursos suelo y agua) para que sea tratado como pasivo, porque en la actualidad existe un vacío legal al respecto.
Los cinco pozos de mayor preocupación del proyecto aportan datos nuevos que no fueron contemplados en la primera intervención de YPFB, dijo el investigador del Cedib, aunque puntualiza que no existe información sobre el impacto en la salud de las personas. “Hay denuncias de infecciones, enfermedades e incluso la inaccesibilidad de este recurso por parte de algunas poblaciones, justamente porque es agua que está contaminada. El caso de Caigua es el más ejemplificador al respecto”, puntualizó Campanini.
En la comunidad Campo Largo (ubicado en Caraparí), los indígenas guaraníes tienen agua por cañería pero no es potable, la captan directamente de un arroyo ubicado en la serranía Santa Rosa. Autor de las Fotos: Miriam Jemio
Antes de los trabajos de remediación realizados por YPFB, un equipo de investigadores del Cedib, evaluó la calidad del agua en algunos puntos de quebradas afectadas por los pasivos aguas arriba, en el Aguaragüe.
“Las concentraciones de hidrocarburos en algunos puntos estaban muy por encima de la norma, luego de la intervención de pozos hubo un sector que bajó sus niveles, principalmente en Sanandita. Pero en zonas como Caigua e Itavicua eran elevados”, explicó.
Sin resolver los problemas ambientales, iniciaron nuevas extracciones
En 2015, el gobierno promulgó tres decretos para ampliar el ingreso a las áreas protegidas con la actividad hidrocarburífera. El primero, el decreto 2298, “facilita” la consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas para actividades hidrocarburífera.
El segundo, el decreto 2366, establece medidas que permiten el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en áreas protegidas. El tercero, el decreto 2400, modifica los límites máximos permisibles para las descargas líquidas en cuerpos de agua, las emisiones atmosféricas y los contaminantes en suelos para el sector hidrocarburífero.
Con lo cual se dio paso a nuevos emprendimientos en las áreas protegidas. El Cedib graficó estas intervenciones en el Aguaragüe.
En un breve recuento, Campanini señaló que ahora “están entrando en funcionamiento cinco pozos recientemente perforados en el campo Caigua por YPFB Chaco S.A., lo mismo (en menor escala) en el campo Los Monos. También se perforaron y cerraron los pozos Camatindi y Timboy x2 (este último dio negativo, lo perforó Petroandina SAM)”. Hace siete semanas, este medio envió un cuestionario a la estatal petrolera YPFB Chaco para conocer la situación pero no se obtuvo respuesta.
Al investigador del Cedib le llama la atención que tanto en el campo Los Monos como en Sanandita se tenga previsto el reinicio de actividades de exploración/explotación: “Es decir, la remediación urgente en estos pozos va paralela con el reinicio de operaciones. Un nuevo gran problema”.
Justamente por este avance, en 2016, los guaraníes realizaron un bloqueo impidiendo el paso a la empresa YPFB Chaco hacia el campo Caigua. Exigían que primero se realice la remediación ambiental, lo cual no sucedió. “Hemos perdido esa batalla”, recordó con pesar el dirigente indígena Baldiviezo.
La actividad hidrocarburífera no mejoró la calidad de vida de los guaraníes, pese al auge económico generado para el Gran Chaco. “La nacionalización no trajo ningún beneficio. Ni gas tenemos. Vivimos en medio de los gasoductos que pasan a la Argentina y nosotros seguimos cocinando a leña”, dijo el capitán de la comunidad Yeroviarenda, Julián Tórrez Chillo, ubicada en Yacuiba, cerca de la planta procesadora de gas.
El capitán de la comunidad Yeroviarenda (Yacuiba), Julián Tórrez Chillo. Foto: Kevin Olivera
En las tres regiones guaraníes (Caraparí, Villamontes y Yacuiba) afirman que siguen en la pobreza. La mayoría de sus comunidades no cuentan con servicios básicos, como agua, luz y alcantarillado (33,78% de cobertura en 2012). El dirigente indígena Trigo remarcó que, luego de 11 años del actual gobierno, recién les dotaron de energía eléctrica y agua a domicilio, pero “ni siquiera es agua potable”.
Viven en comunidades mixtas (de campesinos y de indígenas), pocas son exclusivamente de indígenas. “Nos quedamos sin tierra y un pueblo indígena sin territorio, sin monte, llega a desaparecer. Ahora esa es la lucha fundamental que tenemos”, manifestó Baldivieso.
Reclaman por el atropello a sus derechos porque no realizan la consulta previa e informada como establece el Convenio 169. “Nos dicen mezquinos, pero solo buscamos nuestra seguridad, la del agua y de los bosques. En cambio, ellos (las empresas hidrocarburíferas) vienen, hacen sus desastres, no cuidan el medio ambiente, lo dejan y se van a otro lado”, reniega Verónica Roca, dirigente de la APG Caraparí.
Basta con ver el mapa de deforestación de la ABT, dijo Campanini, “hay una creciente mancha de deforestación dentro la reserva, sobre todo en las cercanías de Yacuiba”. Los pobladores de las zonas intervenidas señalan que los accesos construidos para la actividad hidrocarburífera sirven también para el ingreso de madereros ilegales y cazadores furtivos.
Los guardaparques del Aguaragüe decomisaron madera. Foto: Sernap
A la par, esta actividad implica impactos directos e indirectos, en los cursos de agua, suelo, impactos inducidos (como la colonización), deforestación, entre otros. En la comunidad Yeroviarenda, en Yacuiba, afirman que se alteró su vivencia con el ruido y el calor que genera la planta separadora de Líquidos Gran Chaco desde que entró en funcionamiento en 2015. “Estamos viendo que ya no se produce nada (agrícola) alrededor de la planta. Se siente como sube el calor. Es como una cocina a gas que está ardiendo día y noche desde que se inauguró esa planta”, describe el guaraní Tórrez.
Vía hacia el pozo Sanandita. Foto: YPFB
Los indígenas mencionan que tienen acuerdos con las empresas hidrocarburíferas para realizar algunas mejoras en comunidades afectadas por esa actividad. Lo llaman compensación. Sin embargo, observan que no se haga lo mismo en áreas donde no hay comunidades, sobre todo en la parte alta de ese parque nacional. “Como si lo que hacen en la parte alta del Aguaragüe no afectara a la parte baja donde están las comunidades. Como si el Aguaragüe fuera tierra de nadie”, increpa la guaraní Borda.
En Caraparí, el Mburuvicha Barrios recuerda que hace décadas había gran cantidad de animales silvestres que cazaban para comer: “Sigue habiendo pero ya no como antes. Con semejante bulla, día y noche, en los pozos y la contaminación se van los animales”.
Sobre las críticas que hace el gobierno a los dirigentes guaraníes, Baldiviezo dice que si fuera cierto que reciben grandes cantidades de dinero de las petroleras como compensación, no seguirían en la pobreza. “No estaríamos mendigando a las instituciones”, dijo.
Los guaraníes están desconcertados porque recién la estatal petrolera y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas está trabajando con un Plan de Manejo del Aguaragüe y ya la petrolera iniciará una nueva exploración. El último acuerdo que obtuvieron, producto de sus movilizaciones en 2016, era la eliminación de todos los pasivos ambientales antes de dar el visto bueno a nuevo trabajos de exploración.
Atardecer en la serranía del Aguaragüe Foto: Kevin Olivera
“Nuestros hijos y nuestros nietos nuevamente van a sufrir con los pasivos ambientales. El gas sale y mañana pasado se termina y, nuevamente, vamos a quedar con los pasivos ambientales”, lamentó el líder indígena Julián Tórrez. Les preocupa las fuentes de agua del Aguaragüe. El temor del pueblo guaraní es que cuando ahí hay perforación y explotación, dijo Tórrez, es seguro que en la quebrada se secan las corrientes de agua.
Foto de portada: Vista panorámica del Parque Nacional Aguaragüe / Sernap
Investigación realizada en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, International Center For Journalist (ICFJ), CONNECTAS y la Fundación para el Periodismo (FPP).
